La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia La Vega, Rosa Pilarte de López, informó este jueves que se retira de la política de manera indefinida para enfrentar la acusación que le hace el Ministerio Público de lavado de activos producto del narcotráfico.

“Estamos retirados (de la política) sí, hemos decidido resolver estos inconvenientes. Hasta ahora no tenemos fecha, hasta ahora es definitivo”, sostuvo la legisladora a su salida de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tras aplazarse el juicio preliminar para el próximo 2 de octubre. 

Agregó que una parte del proceso judicial es política, ya que «inició en el año 2020 y de ahí empezó la historia».

Además, Rosa Pilarte dijo que las imputaciones les ha afectado de «muy mala manera, porque ha sido una desmoralización terrible». «Nosotros lo que hemos hecho por muchos años, es trabajar incansablemente para tener lo que tenemos», expresó.

Acusación contra Rosa Pilarte

Según la instancia del Ministerio Público, Rosa Pilarte se prestó para colocar en el mercado financiero más de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico de la red que encabeza su pareja y “no puede justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero”.

Resalta que el máximo salario que ha tenido la imputada por su trabajo de odontóloga en el Servicio Nacional de Salud (SNS) es de $36,120. También percibe RD$30,000 a través de la compañía Servi Crédito Gloria Ivette, empresa fachada en la que figuran como accionistas López Florencio y el hijo de ambos, Miguel Arturo López Pilarte, también imputado por este caso.

En la calificación jurídica preliminar, el MP le atribuye a la diputada Rosa Amalia Pilarte López violación a la Ley 155-17, Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, en el artículo 3, numerales 1, 2 y 3, y los artículos 6 y 9, numerales 1 y 2. También los artículos 3, 7, 8, 18, 19 y 21 de la Ley 72-02, Sobre Lavado de Activos, modificada por la 155-17.

Le imputa infringir la Ley 11-92, Sobre Régimen Tributario, en los artículos 10 y 11, literal B; el 204, numeral 1, y 222, numerales 4 y 6, así como los artículos del 232 al 236 y el 237, numeral 1. Continúa con el 238, numerales 2, 3 y 4, y el 239, párrafo III, numeral 2.

Finalmente, la acusa de violar la Ley Monetaria y Financiera (183-02), en el artículo 3 y el 68, numerales 1 y 10; el 70, literal A, numeral 1, y el 86, literal A.

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