La diputada Isabel Bonilla (PLD-María Trinidad Sánchez) manifestó que se ha cometido un crimen a la patria, al condicionar y limitar el acceso a las playas, ríos, costas y lagos, y atribuyó la aprobación al complejo de Guacanagarix de entregar el patrimonio público a cualquier inversión foránea.
Declaró además que poderosos intereses están detrás de la propuesta y muestra de eso es que empresarios hoteleros y líderes políticos, de quienes no especificó nombres, presionaron a legisladores para que votaran a favor del artículo o se retiraran de la Asamblea, si no lo podían hacer.
Dijo sentirse impotente y frustrada porque no encontró apoyo, ya que en la primera lectura 54 asambleístas votaron contra la propuesta, pero al final sólo 26 ratificaron su posición.
Lloré de la rabia, de la impotencia, de sentir que se está defendiendo algo correcto y no tener la solidaridad de los que toman la decisión, expresó Bonilla, al participar en el programa El Día.
Manifestó que ante el chantaje de que los legisladores que no acataran la propuesta no saldrían en la boleta del próximo año, decidió no inscribir su candidatura, ya que el mundo no termina en estos seis años. Hay otros espacios donde uno puede aportar y colaborar.
Cree que esto trae como experiencia que una reforma constitucional no puede darse en medio de una coyuntura electoral.
Destacó que como legisladora y persona que nació en un pueblo costero, donde la población ha enfrentado a inversionistas que han querido apropiarse de playas, no podía jamás aprobar limitar el acceso a los recursos acuíferos.
La legisladora rechazó que haya iniciado una campaña en contra de la reforma como afirmaran algunos de sus colegas.
Uno tiene que desempeñarse en niveles de tolerancia, pero cada quien da su cuenta y cada posición cuenta en acta en política por ser auténtico y tener cerebro propio se paga un precio porque los partidos quieren la sumisión, expresó la legisladora.