El Diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Carlos Gabriel García advirtió que la aprobación del proyecto de Ley de Partidos políticos no es suficiente para que los procesos electorales en la República Dominicana sean transparentes.

García agregó que la referida ley no garantiza que los resultados de los comicios electorales sean  aceptados como una expresión de la legítima voluntad de los electores que acuden  a las urnas.-

Manifestó que la ley de partidos políticos es un instrumento importante para fortalecer el sistema de partidos políticos en nuestro país, pero no toca las carencias puestas de manifiesto en los procesos electorales, donde el uso y abuso de los recursos del Estado han devenido en un factor determinante para contaminar la voluntad popular de manera coyuntural.

Dijo que se hace necesario conjuntamente con la Ley de Partidos Políticos y la modificación a la Ley electoral que promueve la Junta Central Electoral en el Congreso Nacional, aprobar la ley de garantías electorales, como existe en todos los países de la región, para que el Estado no sea un actor del proceso electoral. 

“La utilización de los recursos del Estado para promover las aspiraciones de los candidatos oficialistas constituye un elemento extraño a los valores democráticos que deben prevalecer para que los resultados electorales proyecten con transparencia la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas que participan en la escogencia de sus autoridades en los distintos niveles del poder público,” opinó el congresista.

El legislador perredeísta recordó que preocupado por el vacío que la legislación electoral de la República Dominicana tiene en ese sentido, sometió un proyecto de ley de garantías electorales en la pasada legislatura para que la contienda electoral se realice en condiciones igualitarias y transparentes para los electores, los candidatos y los partidos políticos.

 Explicó que los más elementales principios del sistema democrático quedan vulnerados cuando un candidato abusando de los recursos públicos participa en un proceso electoral con ventajas o privilegios sobre los demás candidatos que luchan por conquistar un espacio de poder.

García precisó que la experiencia democrática de los últimos años ha demostrado que resulta impostergable la fijación de un límite en los gastos de campaña de los partidos y candidatos para que la contienda electoral trascienda y se defina por el debate de las ideas y no por la inversión económica ilimitada de los participantes.

Destacó que los principios normativos del proyecto de ley sobre garantías electorales que sometió en la Cámara de Diputados establece los límites y alcance de los funcionarios públicos en periodos electorales.

Así como, los límites y formalidades del gasto electoral para todos los niveles de elección, las prohibiciones para recibir los aportes de campaña, el procedimiento para la publicación de encuestas políticas durante los periodos de campaña y las regulaciones sobre propaganda electoral.

Hipólito Mejía expresó en su discurso para analizar los resultados electorales del pasado 20 de mayo que el país necesita con carácter de urgencia aprobar la ley de partidos políticos para no repetir lo que calificó de uso abusivo de los recursos públicos para favorecer al candidato oficialista.