Ninguna legislación ha sido sometida a tantas revisiones y debates como el Código Penal, consideró el abogado José Ricardo Taveras, presidente de la comisión bicameral que estudia esa Ley que fue devuelta al Congreso con observaciones del Poder Ejecutivo.

El diputado de Santiago, vocero de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), dijo que en la segunda semana de enero se iniciarán las discusiones para tomar las decisiones finales sobre esa legislación.

Expresó, asimismo, que aunque esa legislación tiene muchos años en proceso, se ha enriquecido con los aportes de la sociedad, pese a tener aspectos espinosos e irreconciliables.

Estábamos listos para emitir un informe antes de las elecciones pasadas, pero habían grupos que en su legítimo derecho entendían que el proceso electoral podía condicionar la decisión de algunos legisladores, sobre todo con el tema del aborto, refirió.

Sobre ese aspecto negó que los legisladores reciban presiones de la Iglesia Católica o de las iglesias evangélicas, ni de organizaciones que exigen despenalizar la interrupción del embarazo. Lo único que ha hecho la Iglesia es entregarnos un documento con su posición sobre el tema, mientras que los grupos que favorecen el aborto han tenido una actitud más beligerante.

En ese sentido, expresó que muchas de las consideraciones de los grupos de mujeres han sido asumidas, expresó el legislador.

La controversia

La penalización del aborto es uno de los temas más controversiales que se discuten tanto en el Código Penal como en el proyecto de reforma constitucional en su vinculación con el respeto al derecho a la vida.

La Iglesia Católica y las protestantes se oponen a la despenalización del aborto por considerarlo anti cristiano.

Sin embargo, los grupos de mujeres entienden que no se debe penalizar el aborto terapéutico, o el que se realiza cuando hay de por medio una violación sexual o un incesto.

Reforma al CPP

Una comisión de la Academia Dominicana del Derecho elabora un proyecto de modificación del Código Procesal Penal. El estudio se centra en el principio de la libertad de la prueba, que se abolió en la normativa vigente y cuya ausencia entorpece el fondo del proceso judicial, según Taveras.

La prescripción es otro elemento que se revisa y que debe cambiarse, porque si a los 90 días las partes no presentan una acusación formal, entonces se cae cualquier proceso posterior.