Troi Orlando Espejo 
El Poder Legislativo tiene una mala opinión pública debido a que algunos de sus miembros se dedican a actividades que no son legales ni constitucionalmente adjudicadas. Así lo considera Pedro Martínez, Diputado Nacional de Alianza País.
El congresista, que no duda que lo que se destina en ayuda social llega a las manos necesitadas, asegura que esto no es función del legislador.
“Si bien el Congreso puede tener un programa de ayuda social, lo cual no está mal, pero no puede ser lo principal. Y puso como ejemplo que son muchos los legisladores que se quejan, en especial los oficialistas, de no recibir tantas cosas “para dar como ellos quisieran”.
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Sin embargo, Martínez también aclara que, contrario a lo que muchos creen, no es el Congreso el problema de la corrupción administrativa, sin disculpar a los legisladores que han cometido actos, sino que son las instituciones del Estado, por lo que es partícipe de que los límites se pongan claros y existan régimen de sanciones.
El diputado de Alianza País también criticó que haya instituciones cuyos incumbentes tienen dos vehículos asignados, dos choferes, una escolta y salarios por encima de lo que nominalmente tiene un legislador, y nadie carga contra eso.
Para Pedro Martínez la clave está en definir quienes tienen las funciones sociales, pues la falta de institucionalidad en el país impide que, por ejemplo, los ayuntamientos, entes primarios de las ayudas sociales, reciban el 10% que establece la Ley de Presupuesto General del Estado. Entiende que si hay fallas en las instituciones esto provocará una cadena de eventos que repercutirán en la sociedad.
