El presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, aseguró ayer que el Congreso Nacional “no va a permanecer indiferente” ante el importante tema de la Ley General de Salarios para el sector público, ni “vamos a dejar que la ley perima en nuestras manos para que sean acogidas las observaciones».

Así lo informó durante su intervención en un conversatorio celebrado en la mañana de este martes, sobre el estatus actual de esa legislación, y en el que participaron legisladores, representantes de la sociedad civil y de la prensa, así como funcionarios del Ministerio de Administración Pública (MAP), institución que convocó a la actividad.

Asimismo, el diputado de Santiago garantizó que no se permitiría “la inercia del Congreso”, y reveló que en el tema ya ha sido colocado en la agenda de la Comisión de Justicia, “para comenzar el proceso de debate y discusión”.

Por su parte, el destacado jurista José Darío Suárez, al tiempo que defendió la constitucionalidad de la Ley General de Salarios, explicó cuáles eran las posibles vías de actuación por parte de los legisladores, en caso de que acogieran o rechazaran las observaciones, o en caso de que concluyera la actual legislatura ordinaria, que sería la segunda, luego de haber sido observada la ley, lo que implicaría su aprobación.

En la conclusión del conversatorio, que tuvo lugar en el salón Hugo Tolentino Dipp, de la Cámara de Diputados  en el Congreso Nacional, el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, manifestó su confianza en que la Ley de Salarios sea finalmente aprobada, luego de que sean conocidas y debatidas las observaciones del Poder Ejecutivo.

“Cuando ya tengamos la ley, inmediatamente el Ministerio de Administración Pública comenzaría a trabajar en la reglamentación y en las herramientas teóricas y metodológicas para la aplicación de la legislación, que no se limita a  los salarios de los altos directivos públicos, sino que abarcará a todos los servidores públicos, partiendo con el procedimiento de describir los cargos, valorarlos, establecer sus competencias, ver los perfiles y fijar una escala salarial para todo el sector público”.

Acerca de la carga financiera que algunos alegan que representaría la aplicación de la ley, el ministro explicó que ya se han realizado estudios, por parte de expertos internacionales, con el objetivo de diseñar estrategias para la implementación de la legislación con sus reglamentos, y sugirió, por ejemplo, comenzar con los sectores de menor nivel del sector público, “que son los más afectados por la inequidad salarial.

Sobre el tema también intervinieron la directora Ejecutiva del Movimiento Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, el presidente de la comisión permanente de Administración Pública de la Cámara de Diputados, Jesús Martínez, y el senador de la provincia de Monte Plata, Charlie Mariotti.