El vocero de la bancada de los diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro, rechazó que la modificación a la Ley del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), 5994, fuera para adaptarla a su nuevo director general, Welligton Arnaud, y afirmó que el interés primordial responde a la necesidad de crear sanciones para quienes hurtan el agua destinada al consumo humano.

Sostuvo que aunque modificaron el artículo 7 de la ley del 1962, proyecto del que es proponente junto al diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza, la finalidad no era cambiar el perfil del director, para que no sea exclusivo de un ingeniero civil y admitir a un abogado, como se ha cuestionado.

“Primero, al Congreso hay que dejarlo legislar, y segundo, era una ley vieja, que estaba depositada y como entró un proyecto nuevo, se refundió y se aprobó ese proyecto que no daña nada ni violenta la Constitución”, sostuvo.

Precisó que por el contrario, la modificación de la Ley de INAPA faculta al ejecutivo para que no incurra en violaciones estando en un Estado moderno. Así, Castro defiende su iniciativa manifestando que no se puede tener una entidad que sea dirigida por un profesional específico. “De todas maneras respetamos las críticas de todos, porque eso nos hace ser mejores legisladores y nos hace que legislemos para cosas que sean significativas para el país”.

Sobre la solicitud que le hizo el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) a los senadores para que no aprueben el proyecto que acogió la Cámara de Diputados, modificando el artículo 7 de la Ley de INAPA, Castro precisó que no se molestan por la reacción de los codianos.

Empero, enfatizó que las críticas se han ido por la enmienda al artículo 7, pero que la idea central de enmendar la ley es para establecer sanciones antes las acciones ilegales mediante el uso de agua, en momentos en que el país tiene escasez del servicio.

“Hay sectores que desvían el agua del consumo humano para potreros, para fincas y para granjas. Interceptan el agua en la ruta y no llega a la población, y eso amerita sanción”, dijo.
Expuso que lo que verdaderamente es un crimen es quitarle el agua a la gente, por lo que le pusieron sanciones a todo el que se robe el agua.

Castro destaca que el proyecto para la nueva Ley de INAPA contempla multas de 1 a 10 salarios mínimos y penas de prisión de a cinco días de reclusión.