El Senado convirtió en ley el Proyecto de Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los Procesos Penales y, en los Juicios de Extinción de Dominio, sin observar la denuncia del diputado Eugenio Cedeño de que la forma como se redactó esta ley legalizaría la corrupción en los procesos de bienes incautados y perseguidos en la lucha contra las drogas.

El presidente Luis Abinader tiene ahora la oportunidad de revisar los errores de la recién aprobada ley, y observarla, previo a su promulgación en el Poder Ejecutivo.

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Sin rodeos, Cedeño Araché, abogado y diputado de la provincia La Romana por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), volvió a remarcar que la ley recientemente aprobada para la Administración de Bienes Secuestrados, Incautados y Abandonados en los Procesos Penales y, en los Juicios de Extinción de Dominio autoriza a las instituciones que persiguen estos delitos a usufructuar las propiedades que incautan por presuntos bienes malhabidos, sin que exista la sentencia definitiva de un tribunal ordenando decomiso.

Se opone a que particulares de los organismos que investigan los bienes que se presumen ilegales, en medio del proceso se adjudiquen las propiedades de los procesados, tales como automóviles, viviendas y otros bienes. Cedeño Araché alerta que el uso irregular de los bienes incautados es castigado por la ley penal. Sostuvo que al ciudadano que le incautan un vehículo puede presentar una querella y demandar en daños y perjuicios, si lo usan sin su autorización. La denuncia del diputado que la cantidad de casos que ocurren en la República Dominicana, en la que un ciudadano es sometido a la justicia y se le decomisan sus bienes, y antes de terminar el proceso en su contra, sin ser condenado o liberado, sus bienes son usados por militares y fiscales del proceso. Si la persona es encontrada inocente, al reclamar la devolución de sus bienes, se encuentra con que un particular se beneficia de él. Citó la cantidad de procesos que no avanzan en los tribunales, debido a que actores del proceso, se benefician de los bienes ajenos.

Reveló que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General de la República tiemblan, ante la posibilidad de que esto siga y que cualquier ciudadano decida demandar una vivienda en la que DNCD decidió colocar a 10 guardias a trabajar y a vivir en el inmueble.