El diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD),  Carlos Gabriel García, acusó hoy a  los promotores de la reelección del Presidente Leonel Fernández de ser los responsables del tranque que existe en la Cámara de Diputados para la aprobación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. 

Dijo que el proyecto original, depositado en el Senado por el Poder Ejecutivo, contemplaba que para ser juez del Tribunal Constitucional había que tener más de 35 años de edad y menos de 75, como establece la Constitución de la República para los magistrados que integran la Suprema Corte de Justicia. 

Recordó que la Constitución es clara y muy precisa cuando establece en su articulo 187,  que para  ser juez del Tribunal Constitucional  se requieren las mismas condiciones exigidas  para los jueces de la Suprema Corte de Justicia por lo que, a su juicio, no tiene fundamento el debate que sobre el tema de la edad quieren abrir los congresistas del PLD. 

Precisó que fueron los senadores reeleccionistas, combinados con funcionarios del gobierno central, los que promovieron la idea de eliminar  del proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ese requisito de la edad para la integración del organismo que tendrá el control constitucional en el país. 

“ Los partidarios de la reelección del Presidente Leonel Fernández saben que para viabilizar ese proyecto desde el punto de vista jurídico tienen cerradas las puertas de la reforma constitucional y ahora han tomado el camino de desnaturalizar la integración del Tribunal Constitucional para que este organismo se comprometa anticipadamente con un proyecto que permita la participación de Fernández en las presidenciales del 2012.“ explicó. 

El legislador perredeísta  consideró que el Tribunal Constitucional debe surgir con la mayor transparencia y legitimidad posible por su importancia para el fortalecimiento de la democracia dominicana por lo que rechazó la designación de sus miembros sin la previa aprobación de la ley Orgánica que debe regular sus procedimientos y lo relativo a su organización y funcionamiento como establece el articulo 189 de la Constitución.