El diputado Gregorio Domínguez Domínguez, acusado de ordenar un desalojo ilegal en Puerto Plata, trató ayer de que fuera anulado el proceso penal en su contra mediante dos incidentes, los cuales fueron rechazados por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Ante la jueza Vanessa Acosta, de la instrucción especial de esa alta corte, la defensa del legislador afirmó en uno de sus incidentes que el Ministerio Público no le suministró pruebas a descargo obtenidas en la investigación ni le permitió hacer un mapeo de GPS al teléfono del congresista.

Los miembros del órgano acusador alegaron que la barra defensora no solicitó las pruebas a descargo y que, en caso de haberlo hecho y de que el MP se lo hubiera negado, debieron acudir en ese momento ante un juez.

Otra excepción que sostuvieron los abogados del representante por Santiago era que la víctima del desalojo, Nelly Capellán, supuestamente no poseía derecho de propiedad ni un derecho registrado, lo que devenía en su falta de calidad para constituirse en querellante.

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No obstante, el representante legal de la ciudadana domínico-italiana respondió que ella tiene un contrato de compra de la casa que presuntamente fue destruida por el diputado de Santiago.

Tras rechazar ambos incidentes del congresista, la magistrada Acosta aplazó la audiencia preliminar para el próximo viernes.

Detalles

La audiencia en la Suprema Corte de Justicia es conocida por la jueza especial Vanessa Acosta, atendiendo la acusación presentada por el procurador adjunto Rafael Suárez Pérez y el procurador de corte Melquiades Suero, quienes acusan al diputado Domínguez de desalojo ilegal en perjuicio de Lucila Nelly Capellán Luna.

Los abogados explicaron que la propiedad de los terrenos en disputa la posee Gregorio desde mucho tiempo antes de ser congresista.