El diputado del municipio El Puñal de la provincia Santiago, Luis René Fernández Tavárez, aclaró este domingo que no tiene nada que ocultar en lo concerniente a su identidad, tras un reportaje realizado por el programa de investigación Nuria Investigación Periodística sobre la presunta falsificación de documentos que este habría cometido en el 2001 para adoptar el nombre de un primo, y que de lo que se trata es de un proceso de declaración tardía ante una deficiencia que antes tenía registro civil, como también le ocurrió a miles de dominicanos.

“En mi caso lo que existe es un proceso de declaración tardía de hace 20 años. Mi padre, José Félix Fernández, residente en los Estados Unidos, reclamó su paternidad sobre mí, por lo que fui sometido a una prueba de ADN verificada por la Embajada de los Estados Unidos en el país, para luego otorgarme la residencia y más adelante la ciudadanía norteamericana”, indicó.

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Expresó que no pretende quedarse callado ante una situación que afecta su moral y la de su familia.

“Yo estoy limpio, no he cometido ningún ilícito, y nunca he utilizado doble identidad. Además, nunca he usurpado documentos mexicanos y tampoco he pisado tierra mexicana”, dijo el diputado por Santiago.

Además, manifestó que fue declarado legalmente en 2001 y la Junta Central Electoral no eliminó el segundo registro y como es de conocimiento, el último debió eliminar el primero.

Según un reportaje del programa de Nuria Piera, que se transmite todos los sábados por Color Visión el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de la circunscripción número 3 del municipio El Puñal de la provincia Santiago, supuestamente habría falsificado sus documentos de identidad en 2001 para pasar a llamarse Luis René Fernández Tavárez, apareciendo también en los registros civiles como Luis Rene Guzmán Fernández, es decir, según el reportaje que este tendría dos cédulas.

Según juristas consultados por el programa Nuria Investigación Periodística las personas encontradas culpables de alteración y/o falsificación de documentos solicitados para una candidatura, podrían ser condenadas de dos a cinco años, según la Ley Electoral y el Código Penal respectivamente.