Diputado presenta proyecto busca controlar robo de celulares

Cristóbal Castillo, diputado por Hato Mayor, sometió al Congreso un proyecto de ley que castiga con penas drásticas el robo de celulares en el país.

El objetivo del proyecto es detener la ola de robos de teléfonos móviles, delito que ha provocado la muerte de muchos ciudadanos a manos de delincuentes.

Uno de los considerandos del  proyecto  expresa que el Estado debe garantizar la propiedad privada como un derecho inherente al ser humano.

También, que el Estado debe establecer un sistema de registro de terminales móviles, que no es más que un identificador internacional de celulares.

El artículo tres de la pieza indica que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), creará, administrará y actualizará la base de datos para consignar la información relativa al Identificador Internacional del Equipo Móvil (IMI) de todos los celulares que ingresen legalmente al territorio.

Precisa que, tan pronto un “equipo terminal móvil sea adquirido por un usuario, el operador con el cual se active el servicio deberá informar al Indotel, en un plazo no mayor de 24 horas el número de identificación del propietario de dicho equipo asociado con el correspondiente IMEI”

En caso de que el equipo terminal móvil cambie de propietario, deberá mediar además de la copia de la factura original de compra del equipo o el comprobante de pago, copia de la cedula de identidad y electoral, una carta del propietario del equipo dirigido al operador, solicitando el cambio de titularidad de la Base de Datos Positiva.

El artículo cinco de la pieza expresa que será obligación de las prestadoras informar al Indotel, en un plazo no mayor de 24 horas, sobre los equipos terminales móviles que hayan sido reportados por sus usuarios, así como robados o extraviados.

De igual forma, la prestadora deberá informar al Ministerio Público, sobre el robo de celulares que le hayan reportado, reporte que se convertirá en una denuncia formal.

El artículo seis expresa que  “constituye una obligación de las prestadoras, bloquear el tránsito de llamadas hechas por un equipo terminal móvil que no se encuentre incluido en la base de datos positiva”.