El diputado Carlos Gabriel García presentó ayer  un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que busca  prohibir por un período de 10 años la exportación de chatarras y desperdicios de metales, incluidos los que procedan  de procesos de fundición, a fin de contribuir a reducir el robo de estos materiales.

De acuerdo a la iniciativa legislativa, este hecho delictivo  sería  considerado  robo agravado, y se sancionaría con penas de cinco  a veinte  años de prisión  y multa de diez a veinte salarios.

El artículo 16 del proyecto indica que la persona moral que almacene, transporte o procese desperdicios de metales, chatarras y otros desechos de cobre, aluminio y sus aleaciones sin contar con el debido registro que establece esta ley será sancionada con la confiscación o decomiso del producto, los bienes, objetos, y los haberes procedentes directa o indirectamente de la infracción, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe y el cierre temporal por un período no mayor de un  año del establecimiento donde se verificare la infracción.

El legislador perredeísta plantea  que el incremento de esas operaciones en el país, sin los controles  necesarios ha generado “una alarmante actividad delictiva en todo el territorio nacional que se expresa  en el robo permanente de los metales  utilizados en la infraestructura pública y privada”.

Agregó que como resultado de ese comercio ilegal  se ha estimulado el robo, tráfico y comercialización de los cables  de las redes eléctricas y telefónicas.

La clave

Excepciones

El diputado perredeísta Carlos Gabriel García dijo que sólo serían excluidas de esa prohibición aquellas empresas que puedan demostrar que los desperdicios y deshechos de metales provengan  directamente de sus propios procesos industriales y se encuentren registradas de conformidad con el protocolo establecido en el mismo proyecto de ley ante el Centro de Exportación  e Inversión de la República Dominicana.