La Fiscalía lo considera “riesgo de fuga y peligro para comunidad»

El diputado dominicano Miguel Andrés Gutiérrez Díaz permanecerá detenido en EEUU, donde enfrenta cargos de narcotráfico, tras presentarse ante un juez federal de la ciudad de Miami que le leyó formalmente la acusación.

Gutiérrez Díaz, de 58 años, arrestado el lunes en Miami, se presentó ayer ante el juez John O’Sullivan, que por ahora lo mantendrá en prisión, como lo ha solicitado la Fiscalía al considerarlo “riesgo de fuga y peligro para comunidad».

El diputado, su hermano Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, y los hermanos Endy de Jesús Núñez Mármol y Danny Núñez Mármol están acusados de conspiración para traficar y distribuir cocaína.

El legislador, que fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami a su llegada en vuelo desde su país, fue representado por el abogado Dennis Urbano durante audiencia virtual.

El congresista, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), está acusado de ser parte de una red de narcotráfico que operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación formal emitida por un gran jurado federal de Miami el 11 de marzo de 2021, el diputado cometió los ilícitos desde aproximadamente 2014 hasta 2017.

Los 4 están acusados de conspirar para importar y distribuir cocaína en EU y enfrentan cadena perpetua si son hallados culpables.

El presidente dominicano, Luis Abinader, opinó el martes que cada persona debe pagar por sus hechos al ser preguntado por la detención del diputado, que, como él, forma parte del PRM. “Cada quien es responsable por sus hechos, cada quien que pague por sus hechos”, dijo Abinader a la prensa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) tras participar en la apertura del Pacto Social.

La DEA Miami investigó el caso con la ayuda de diversos organismos públicos. Los fiscales federales adjuntos Richard Getchell y Ellen D’Angelo de la Sección Internacional de Narcóticos y Lavado de Dinero en el Distrito Sur de Florida están procesando el caso.

Este enjuiciamiento es el resultado de los esfuerzos continuos del Grupo de Trabajo Antidrogas del Crimen Organizado (OCDETF), una asociación entre las agencias policiales federales, estatales y locales.