Al autoasignarse RD$57 millones reiteran irrespeto a sus electores

La autoasignación de 57 millones de pesos (300 mil por cabeza) hecha por los diputados el pasado Día de las Madres, con la honrosa excepción de tres de ellos, constituye otro asalto al erario de parte de esos integrantes del Poder Legislativo.

Con ese despropósito, ellos reiteran su actitud de irrespeto a la voluntad de sus electores, a los compromisos programáticos contraídos por sus partidos y de uso de los dineros públicos para sus actividades de autopromoción política.

En la presente coyuntura, esa circunstancia evidencia un desencuentro entre ese poder con el Judicial y el Ejecutivo. Además, que el carácter democrático de un Congreso no lo determina su diversidad, sino una pluralidad mayoritariamente con voluntad de cambio.

A pesar sus evidentes limitaciones de recursos humanos y materiales, la Procuraduría General de la República tiene un amplísimo número de expedientes de actos de corrupción cometidos por funcionarios durante pasadas administraciones, algunos ya preparados y otros en proceso de terminación, y que las máximas autoridades de esa PGR fueron nombradas por el Poder Ejecutivo, con inicua actitud, la aplastante mayoría de los integrantes del Poder Legislativo se aferra a esas formas de corrupción expresadas en el barrilito y sus autoasignaciones extraordinarias en determinadas fechas, y aprueban un Código Penal sin las tres causales demandadas por la mayoría de la población.

El Poder Judicial amplía su legitimidad llevando a la cárcel a un general acusado de ser cabecilla del escandaloso entramado de corrupción cometido en ámbito de los cuerpos castrenses, mientras que el Poder Legislativo se deslegitima empantanado en recurrentes escándalos.

Ese poder, enroscado en el ventajismo y desprecio a la voluntad de sus electores, de hecho, se convierte en una piedra en el zapato para el partido de Gobierno y para el Ejecutivo.

En tal sentido, este último está obligado a fortalecer el Ministerio Público, no solo con mayor asignación presupuestaria para que agilice el procesamiento de los expedientes, sino para enfrentar exitosamente cualquier intento de amenaza o chantaje contra cualquiera de sus integrantes.

A ese propósito, recordemos el caso de Mani Pulite (manos limpias), en Italia, donde varios magistrados fueron asesinados por miembros de estructuras de corrupción en las esferas públicas, en una colusión de mafias con poderes fácticos.

Pero, vivimos otros tiempos y esta sociedad da signos de estar dispuesta a defender toda acción de la Justicia que vaya en el sentido de sus demandas de fin de la impunidad y la corrupción.

Con esa actitud advierte a los sectores que desde fuera y dentro del Gobierno quieren mantener las estructuras de corrupción que desde décadas drenan las arcas del Estado. Entre ellos, la generalidad de congresistas que hemos tenido

En una coyuntura como la presente, donde la vieja cultura de los privilegios y depredación de lo público se resiste a los cambios, un Poder Legislativo con legitimidad hubiese contribuido a un combate más eficaz contra esa práctica.

Pero, lejos de ser ese el caso, la mayoría de los legisladores se empecinan en seguir autoasignándose dineros públicos para financiar sus actividades clientelares, fortaleciendo en la población actitudes anti políticas y de incomprensión del momento que como sociedad vivimos.

Una lección que debe servir a todos para que, en próximas elecciones, más que un Congreso con diversidad (sin claridad de propósitos), se apueste a uno integrado por gente sintonizada con la ola mundial de demanda honestidad y eficiencia en el manejo la cosa pública.

Una piedra en el zapato para el partido de Gobierno y para el Ejecutivo