El Pleno de la Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas el proyecto de ley que crea el Primer Empleo en República Dominicana, una iniciativa que reclaman los jóvenes de 18 a 25 años, egresados de carreras universitarias, por ser los beneficiados y que tiene años entre comisiones de la Cámara Baja y el Senado de la República.

El 15 de diciembre del 2021, también se aprobó en la Cámara de Diputados este proyecto, pasó al Senado, pero perimió, y volvió a comisión, por lo que la pieza ahora hace el mismo recorrido, vuelve al Senado de la República.

El objeto de la ley es promover la inserción laboral de los jóvenes que no sobrepasen los 25 años, y que hayan accedido a un empleo formal o que se encuentren en situación de desempleo.

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Los diputados Máximo Castro Silverio y Nicolás Hidalgo Almánzar sustentan el proyecto que ha tenido otros proponentes en pasados cuatrienios legislativos. Castro Silverio e Hidalgo Almánzar indicaron que cuando este proyecto a ley sea convertido en ley, abrirá la puerta al mercado laboral a los jóvenes recién egresados de las universidades. El proyecto dispone crear el “Programa de Primer Empleo”, adscrito al Ministerio de Trabajo, que será responsable de su aplicación, seguimiento, supervisión y control.

Establece que los empleadores que contraten jóvenes de acuerdo con lo establecido en la ley, serán beneficiados con una rebaja del impuesto Sobre la Renta, equivalente al 50% de las contribuciones al régimen de la seguridad social que hayan realizado durante 18 meses, contados a partir de la contratación.

Preocupación de estos legisladores

Por otro lado, Al conmemorarse el 1 de mayo el Día Internacional del Trabajo, el diputado Juan Dionisio Rodríguez solicitó al presidente Luis Abinader eliminar el pago de Impuestos Sobre la Renta de empleados públicos con salarios de hasta los RD$70,000. Mientras, la diputada Fiol Daliza Peguero pidió a la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, hacer un descenso en las comunidades Villa Maranata II y Villa Carey, donde denunció que 851 mil metros del Consejo Estatal del Azúcar son reclamados por una empresa privada.