La Cámara de Diputados aprobó ayer en primera sesión el proyecto que modifica la Ley del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).
La iniciativa tuvo un debate prolongado y la oposición de los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para que la actual directiva del Colegio de Abogados no se adjudique un año más en el período que le corresponde dirigir, lo que fue denunciado por el perremeísta Alfredo Pacheco.
Con un procedimiento que lo declaró de urgencia y liberado de lectura, se conoció el proyecto de la autoría del senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa.
Ante la insistencia de los diputados de la oposición de que se le introduzcan cambios al proyecto, el pleno de la cámara baja decidió devolver la iniciativa a la Comisión de Justicia, para que en un plazo de 15 días analice el proyecto, recoja las opiniones de los legisladores y prepare el informe final que deberá conocer el organismo en el tiempo establecido.
Las discrepancias con la iniciativa es para que se modifique la ley que aprobó el Senado, la que se llegó a declarar inconstitucional por no haberse sancionado con el rigor de los reglamentos legislativos.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara, que preside Henry Merán, motivó la pieza; la que posteriormente, la diputada Graciela Fermín solicitó que se aprobara.
Empero, la diputada Faride Raful solicitó que se enviara a la comisión apoderada, para hacerle los cambios que la conviertan en una ley más justa, lógica y participativa, lo que también había propuesto el diputado Hamlet Melo.
En otra votación, los legisladores aprobaron en dos sesiones consecutivas, el proyecto de la Ley que deroga el artículo 165 de la Ley 821, de Organización Judicial.
La pieza de la autoría del diputado Víctor Bisonó (Ito) fue declarada de urgencia. La iniciativa procura que los jueces de cortes y otros tribunales fallen las materias civiles, comerciales, inmobiliarios y de trabajo en los plazos establecidos por la ley, bajo pena del descuento salarial por cada día de retardo en acatar la ley.