La diputada Faride Raful reiteró ayer en la Cámara de Diputados la denuncia de que la Procuraduría General de la República intervino los teléfonos del diputado Emmanuel Bautista, del secretario nacional de Finanzas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eduardo Sanz Lovatón, y de la viceministra de Energía y Minas, Susana Gautreau, en violación a sus derechos fundamentales, porque no han sido investigado en el expediente de Odebrecht.
Expresó que la acción del procurador general, Jean Alain Rodríguez, viola la Constitución dominicana, con una orden judicial, como sucedió, presentando a un juez una solicitud de interceptación de teléfonos de ciudadanos que nunca han estado vinculados al caso.
Raful dio a conocer la lista de nombres que utilizó la Procuraduría para pedir al tribunal la autorización de la interceptación de los teléfonos de más personas que los encartados en el proceso, mediante el auto 04/2018.
Criticó que se incluyera al diputado Batista, que no está vinculado al caso judicial. El legislador Bautista es hijo del exsenador y expresidente del PRM, Andrés Bautista García, imputado en el caso Odebrecht.
Raful, dirigente del PRM y representante del Distrito Nacional, señaló que este caso demuestra de quienes son algunos de los 17,637 teléfonos intervenidos por la Procuraduría General en la capital del país.
En el caso de los tres expedidos que no figuran en el caso Odebrecht consideró que se les disfrazó la titularidad de sus números. Acusó al Ministerio Público de mentirle al juez que otorgó la orden de la escucha telefónica, por lo que afirmó que el procurador Rodríguez debe dar cuenta de esta acción. Además, entiende que el procurador ha falseado documentos de Odebrecht.
Del caso, el diputado del Frente Amplio, Fidel Santana, expresó que la revelación de la interceptación telefónica de ciudadanos, “lo que hace es develar otra vertiente del control absoluto que el Gobierno de Danilo Medina y su grupo mantienen, no solo del Estado y todas sus instituciones, sino sobre la vida intima de la persona”.
Así, el diputado perremeísta Elías Báez planteó que la intervención de teléfonos es parte de un Estado dictatorial.
Los diputados peledeístas Juan Carlos Quiñones y Johanny Guzmán reprocharon la intervención de llamadas. Creen oportuno que el Ministerio Público aclare el caso.

Gautreau cree que PGR se desesperó
La viceministra de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minas, Susana Gautreau, quien tiene amplia experiencia en Derecho penal, manifestó que cree que su número fue interceptado porque la Procuraduría General de la República actuó de forma desesperada en la investigación del caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Gautreau dijo que la interceptación de algunos de los números de teléfono, incluido el suyo, se debió a que el PGR no depuró la lista antes hacer la solicitud ante el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega Polanco, quien instruye el caso Odebrecht.
“Por un proceso que tenía una presión internacional como el caso Odebrecht, yo creo que la procuraduría estaba un poco abrumada y por eso hizo un levantamiento de teléfonos de personas que tenían algunos contactos con imputados”, detalló la funcionaria.
Opinó que el órgano acusador debió depurar la lista antes de realizar la solicitud de interceptación.
“En mi caso, aunque no fue cómodo para mí y aunque entiendo que realmente no debió suceder, puedo entender por qué pudo haber pasado y comprender conociendo cómo funciona nuestro sistema de persecución y recolección de pruebas”, expresó.
Vinculación a imputado
En un programa radial, Gautreau dijo que la interceptación de su teléfono pudo darse porque recibió asistencia legal del expresidente del Senado Andrés Bautista cuando este fue incluido en el expediente del caso Odebrecht.
También mencionó que se enteró de fuentes oficiosas que dicha intervención nunca se llevó a cabo. “Según me dijeron, ese auto nunca se llegó a ejecutar, eso sí puedo decir que me fue explicado”, apuntó.