La Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura y convirtió en ley ayer el proyecto sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que establece pena de cuatro a 10 años de prisión para aquellos funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito. De igual manera contempla penas de uno a dos años de prisión y multas de 20 a 40 salarios mínimos para los funcionarios que ofrezcan datos falsos en su declaración jurada.

Ahora la ley pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. La nueva ley estipula que el servidor público está obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y si no obtempera dentro del plazo establecido u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley 41-08, de Función Pública.

Indica, además, que cualquier funcionario público tendrá de manera obligatoria que probar el origen lícito de su patrimonio, obtenido durante el ejercicio del cargo, en el momento que le sea requerido por la autoridad competente.  En otro orden, la Cámara de Diputados ratificó un contrato de préstamo suscrito entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la suma de cincuenta millones de dólares para ser usados en el Proyecto de apoyo al Plan Decenal de Educación.