Diputados del oficialismo y de la oposición enfrentados por  Ley DNI

Diputados del oficialismo y de la oposición enfrentados por  Ley DNI

El diputado oficialista Ramón Ceballo y de la oposición Tobías Crespo, emitieron este martes opiniones encontradas sobre  la Ley No. 1-24 que crea la Dirección Nacional de Investigación (DNI).

Para el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, había un interés de imponer esa normativa a como diera lugar, explicó que en el momento en que el proyecto fue leído, él advirtió de la peligrosidad de dicha propuesta, explicando que violaba derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República.

«Luis Abinader no permite la disidencia de ideas, es una persona con un carácter muy dictatorial y le miente al país, porque no es verdad que tres diputados de la oposición consensuaron, no hubo consenso sobre eso», criticó Crespo.

En tanto que el diputado del PRM, Ramón Ceballo, acusa a la oposición de irresponsable y de estar estar ladrando en el desierto.

«La oposición no entiende que el procedimiento adecuado es o ir a Tribunal Constitucional o someter un anteproyecto para modificar determinados artículos, derogar esa ley o hacer una nueva; ese es el procedimiento adecuado, partir de lo que tenemos», planteó el congresista.

Ceballo explica que el presidente Abinader no tuvo nada que ver porque la ley surge de la fusión de tres proyectos que reposaban en el Congreso sobre ese mismo tema, el primero de ellos fue sometido por el entonces diputado, Pelegrín Castillo.  

«Los sectores de oposición fueron los que más motivaron esa propuesta, nosotros no teníamos ningún interés en ese proyecto», aclaró.  

Se recuerda que la ley 1-24 sobre el DNI, aprobada a principio de este mes ha generado críticas de diversos sectores del país entre ellos, la Sociedad Dominicana de Diarios.

Los críticos de la pieza, sostienen que esta vulnera garantía constitucionales como el derecho a la intimidad, debido a que en el artículo 11, da facultad al DNI para acceder a  informaciones de ciudadanos sin la previa autorización de un juez.  

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