El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fijó este martes su posición con relación al allanamiento realizado a la residencial del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, así como a las de allegados a persona.

A través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, los diputados peledeístas manifestaron que “las actuaciones desarrolladas por la Procuraduría General de la República conjuntamente con el Gobierno a través de la Dirección Nacional de Investigaciones, revelan una grosera violación al debido proceso de ley”.

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Indicaron que colocar un impedimento de salida de forma administrativa es la evidencia más grosera del atentado a la dignidad de la persona y el derecho fundamental a la libre circulación.

“Es bien sabido, que la normativa procesal penal establece que el impedimento de salida lo impone un juez en una audiencia oral, con la presencia del investigado, dice el escrito.

Por otro lado, el bloque de diputados agrega que la incursión del DNI en el caso, “evidencia que el Gobierno a través de sus organismos de inteligencia se inmiscuye en aspectos que no son de competencia legal, y con ello viola el debido proceso”.

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“La continua violación al debido proceso por parte de la PGR también se expresa en la realización de allanamientos nocturnos, los cuales cuentan con el aval de jueces y tribunales que no observan el debido proceso. Ejemplo de estas violaciones se producen cuando un juez otorga orden de arresto, sin verificar si la persona fue previamente citada y no acudió”, aseguraron.

Señalan que la normativa procesal penal, establece los horarios en que se pueden hacer allanamientos. “El Código Procesal adopta dos tipos de horarios para los allanamientos: Uno para lugares cerraos o cercados, en la cual el legislador especifica que se puede realizar en horas de la noche, si el juez lo autoriza. Y el otro allanamiento, se refiere a moradas o lugares privados en el cual el legislador no autoriza realizar allanamientos nocturnos en dichos lugares”, explicaron.

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Los legisladores dijeron además, que el Código Penal en su artículo 184 establece sanciones de prisión y multas para los funcionarios del orden administrativo o judicial que cometan abuso de poder y realicen allanamientos en domicilios de ciudadanos al margen de la ley. Por lo que se advierte que las actuaciones realizadas por el PEPCA y el DNI arrastran prisión para los funcionarios responsables.

En tanto, que el artículo 148 de la Constitución, establece la responsabilidad civil y patrimonial personal para los funcionarios que sean responsables de causar daños y perjuicios a personas físicas y jurídicas.