Hoy 
POR LOYDA PEÑA
El proyecto de resolución mediante el cual se procura interpelar a los secretarios de Turismo y Medio Ambiente dividió ayer a los diputados, quienes después de más de dos horas de debates optaron por devolver la pieza a la comisión que la estudió.
La decisión se votó con la finalidad de que la comisión cite formalmente al licenciado Félix Jiménez y al doctor Max Puig para que ofrezcan explicaciones sobre el Aparta Hotel Vista Mare que se construye en Samaná, y la extracción de más de tres millones metros cúbicos de arena de las playas de Río San Juan, para construir una playa artificial en Puerto Plata.
Los diputados acordaron que de no obtemperar este llamamiento, los dos funcionarios citados serían llamados a interpelación, y si tampoco comparecieren por ante el plenario de la Cámara Baja, se recurrirá al presidente de la República para que tome cartas en el asunto.
Esta propuesta, fue hecha por el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, ante la resistencia de la oposición y de algunos oficialistas a aceptar una sugerencia similar que hizo el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Elías Serulle, alegando que la comisión ya le haba hecho una invitación y los funcionarios citados no le habían hecho caso.
Argumentaron que además ya la comisión había rendido un informe favorable para la interpelación, con lo cual se había desapoderado del proyecto.
En ese sentido se pronunciaron los voceros de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Dominicano (PRD); Isabel Bonilla (PLD-María Trinidad Sánchez), Demetrio Vicente Ureña y Wagner José Mosquea, proponentes del proyecto, y una docena más de diputados que intervinieron en los debates, y quienes cuestionaron las ínfulas de superioridad que tienen los funcionarios frente a los legisladores.
Sostuvieron que los proyectos que ejecuta Turismo violan las leyes 64-00 y 202-04 sobre Medio Ambiente y Areas Protegidas, respectivamente.
Tanto Genao como Paredes dijeron que ya es tiempo de que se acabe con los privilegios, y que el Congreso Nacional ejerza sus atribuciones de fiscalizador controlador, y haga uso del artículo 26 de la Constitución.
Bonilla, por su parte, resaltó que mientras la extracción de arena de las playas de Río San Juan para la creación de otras playas artificiales costó 19 millones de euros, los pobladores de la provincia carecen de agua potable, drenaje sanitario “y la promesa del presidente Leonel Fernández de asfaltar las calles no se ha cumplido”.
De todos los diputados que intervinieron en los debate sobre el tema sólo la ex presidenta de la Cámara Baja, Rafaela Alburquerque, salió en defensa de los proyectos del secretario de Turismo, aduciendo que los mismos han beneficiado a su provincia San Pedro de Macorís.
“En este momento soy la abogada del Diablo, defiendo el proyecto de rehabilitación de Juan Dolio porque ha favorecido a mi provincia, y aspiro a que eso se continúe haciendo”, dijo Alburquerque.
No obstante, informó que junto a otros legisladores someterá próximamente un proyecto de modificación a la Ley 202-04, “porque además de que se está violando, tiene muchas lagunas”.
APRUEBAN TRATADO
Los diputados aprobaron en única lectura el Tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras Iniciativas Políticas, y un contrato de permuta entre el ingenio Río Haina y el Consorcio Moya-Jorge, S. A., sometidos ambos por el Poder Ejecutivo.
Con el Tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano, que ya había sido sancionado en el Senado, se procura ampliar y perfeccionar el proceso centroamericano de integración, contribuyendo a consolidar el sistema democrático y el respecto a los derechos humanos.
