PARÍS. AFP. Los diputados franceses adoptaron la noche del viernes un artículo de ley que prevé sanciones para los clientes de prostitutas, un tema que desata polémica en el país.

Los diputados votaron a mano alzada la disposición más controvertida del texto, que castiga el pago de actos sexuales con una multa de 1.500 euros. El conjunto del texto se votará el 4 de diciembre.

La controversia gira en torno a la legitimidad de los poderes públicos para legislar sobre un tema de orden privado, pero también sobre la idea de que las prostitutas son víctimas de la violencia de las redes mafiosas.

En un país apenas repuesto de otro debate relativo a la sexualidad, el del derecho de los homosexuales al matrimonio, los partidarios y los adversarios de la penalización de los clientes de prostitutas se enfrentan a través de cartas abiertas y peticiones, a veces provocadoras, sobre un tema tabú que alimenta fantasmas desde hace décadas, desde la legalización de los burdeles en 1804 hasta su prohibición hace 70 años.

Al iniciarse el debate parlamentario, la relatora del texto, la diputada socialista Maud Olivier, acusó de «hipocresía» a los opositores al proyecto de ley, pocos de los cuales asistían a la sesión.

«¿Puede bastar que una sola prostituta se declare libre para que la esclavitud de las otras sea respetable o aceptable?» planteó.

«Decir que las mujeres tienen derecho a venderse es ocultar el hecho de que los hombres tienen derecho a comprarlas», recalcó, recordando que «el dinero de los clientes alimenta a los proxenetas».

Por su parte, la ministra de los Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, afirmó que este texto es «una proposición de abolición de la prostitución», aunque no la prohíba.

«El tema no es la sexualidad» sino «el dinero que alimenta el proxenetismo», agregó la ministra.

El proyecto, iniciativa de diputados de la mayoría socialista y de la oposición conservadora, se propone disuadir a los clientes de prostitutas penalizando la compra de actos sexuales con una multa de 1.500 euros, y de 3.750 euros en caso de reincidencia. Prevé asimismo un «cursillo de sensibilización» como alternativa a la multa.

El texto, que no prohíbe la prostitución, legal en Francia y ejercida por más de 20.000 mujeres, propone abrogar el delito de incitación que podía aplicarse hasta ahora a las prostitutas, una medida reclamada por éstas.

Apunta asimismo a luchar contra el proxenetismo, y propone medidas de reinserción en favor de las prostitutas, incluyendo la provisión de vivienda, ayuda financiera y facilitar la obtención de un permiso de estadía de seis meses para las extranjeras, que representan entre 80 y 90% de las mujeres que ejercen la prostitución, según el Ministerio del Interior.

El proyecto se inspira de la ley vigente en Suecia, donde los clientes son penalizados desde 1999, lo que ha llevado a una reducción de 50% de la prostitución callejera en diez años, aunque no ha impedido el aumento de la incitación en internet.

En Europa se aplican, en grandes líneas, dos tipos de política al respecto: la sanción de los clientes o de las prostitutas, especialmente en los países nórdicos, o la organización de la prostitución, sobre todo en prostíbulos, como en Alemania y Grecia.

«Violencia contra elección». Se espera que el proyecto de ley sea adoptado el miércoles próximo.

Se trata de «disuadir al cliente de alimentar las redes con su dinero y de hacerle entender que no debe comprarse un acto sexual», sostiene Maud Olivier, recalcando que la prostitución «es una violencia contra las mujeres».

Pero dentro incluso del Partido Socialista, se levantan voces discordantes.

Algunos diputados socialistas se hicieron eco de las inquietudes de prostitutas y asociaciones que las ayudan, como Médicos del Mundo, que señalan que la vigilancia de los clientes llevaría a las prostitutas a la clandestinidad, con riesgos mayores de estar expuestas a la violencia.

Durante el debate en la Asamblea, dos manifestaciones contrarias tenían lugar el viernes por la tarde en las cercanías del edificio.

«Os acostáis con nosotras, votáis contra nosotras», gritaban unas 150 prostitutas que se manifestaban contra el texto calificado de «antiputas».

A unos cientos de metros de distancia, el tono era distinto entre el medio centenar de personas, en su mayoría feministas, que manifestaban su apoyo al proyecto de ley.

«Ni se vende, ni se compra, el cuerpo de las mujeres no es una mercancía», repetían tras una banderola que proclamaba «Juntos por la abolición del sistema prostituyente»