Los diputados que conforman la Comisión de Cámara de Cuentas entrevistaron ayer a 26 aspirantes al pleno de la entidad fiscalizadora del Estado, representando 160 de los 180 convocados para la jornada de este martes.

Diez postulantes no han asistido a la evaluación presencial para ser considerados para la entidad llamada a detectar casos de corrupción en el uso de los recursos públicos.
El total de los evaluados son 318 y el presidente de la Comisión, diputado Rogelio Genao Lanza, dijo que se proponen concluir la próxima semana. Expresó que los faltantes se deben a renuncias, por excusas validadas o gente que no se ha presentado.

Iris Espinal fue una de las candidatas que ayer renunció al proceso. Genao Lanza declaró que argumentó problemas de salud y leyó la comunicación en la que señala que está en evaluación médica. Indicó que los que no se han podido entrevistar serán evaluados en la etapa final.

Los entrevistados ayer fueron: Amada del Carmen Núñez de Ramos, Amancio Soto Sierra, Andrés Nicolás Severino Hernández, Ramón Elías de Lara Peguero, Ramón Adalberto Peguero González, Ana Luisa Díaz Fernández de Álvarez, Julio César Ramírez Pérez, César Mejía Reyes, Elvio Fortuna Rubén, Guadalupe Sunilda Caridad Díaz Díaz, Ynés Esther Regalado Hernández de Cruz, José Agapito Paulino Durán y Manuel Antonio Nolasco Benzo.

También, Germania Altagracia Reyes Familia, Carlos Alberto Domingo Guzmán Lora, Susan Sumaya Gil Sandoval, Jorge Antonio Báez Sánchez, Fernando Arturo Francisco Abreu Valencia, Héctor Daniel Cabrera Montilla, Agustín Lizardo Ovalle, Melvin Serafín Santana Peña, Juan Rafael Morales Vásquez, Naila Yissell Sánchez Mora, Dulce María Pascacio Escalante, Herminia Reyes Abreu.

“Esta Comisión está trabajando sin descanso para rendir un informe con lo mejor. Muchas personas están preparada y estamos enfocados en una Cámara de Cuentas que fortalezca su rol de fiscalizador”, dijo el presidente de la Comisión.

Paulino Durán. El juez presentó una propuesta para convertir a la Cámara de Cuentas en modelo de prevención y combate a la corrupción administrativa, pese a los pocos recursos, obligando a rendir informe y aplicar régimen de consecuencia a los funcionarios, con la suspensión del servicio.

Lamentó que la Procuraduría General de la República la que fiscalice los bienes de los funcionarios.