La Cámara de Diputados fue apoderada de un proyecto de ley que modifica y sustituye la No. 19-01, que crea el Defensor del Pueblo, el cual busca robustecer y ampliar las capacidades institucionales de esta figura, como ente protector de los derechos fundamentales de las personas frente a las acciones u omisiones del sector público y de los intereses colectivos y difusos.
La iniciativa legislativa es de la autoría de los diputados oficialistas Demóstenes Martínez (Santiago) y Henry Merán (San Juan).
Además de ajustar sus disposiciones a la Constitución, esta pieza actualiza y adecúa la ley 19-01 a las normas esenciales que influyen en el accionar del Defensor, como la Ley de Función Pública, Tribunal Constitucional, Estrategia Nacional de Desarrollo (END), Procedimientos Administrativos, Código Penal y Habeas Data.
Los diputados proponentes resaltaron que para la elaboración de la propuesta, tomaron en consideración las mejores prácticas normativas de las Defensorías del Pueblo de la región, tales como Perú, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Argentina y España.
De igual manera, se consultaron los principios relativos al estatuto de las instituciones internacionales de Derechos Humanos, (Principios de París), los cuales se encuentran respaldados por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1993.
Alcance. De acuerdo a la Carta Magna, en su artículo 190, el Defensor del Pueblo es una autoridad independiente en sus funciones y con autonomía administrativa y presupuestaria.
Tiene como función esencial contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos. Hasta el momento, esta instancia ha trabajado con algunas limitaciones presupuestarias.