Desde 2016, en la Cámara de Diputados se intenta crear un organismo que regule la seguridad, la instalación y el manejo del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en las estaciones de expendios y en los almacenes, pero el proyecto ha encontrado resistencia entre legisladores propietarios de envasadoras de este carburante.

El proyecto de resolución que solicita a la Cámara de Diputados la creación de una Comisión Especial para la revisión de las leyes y reglamentos sobre regulación, instalación, seguridad y uso del gas licuado de petróleo (GLP), en las estaciones y almacenes, fue sometido hace siete años, por el diputado Agustín Burgos.

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El legislador de la provincia de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lamenta los muertos en la explosión de San Cristóbal. Admite no encontrar forma de que su iniciativa sea tomada tomada en consideración. No emite queja abierta. Conoce diputados dueños con negocios de GLP.

Se adversa el proyecto que procura que el Estado garantice y proteja la vida y la integridad física de los ciudadanos.

Burgos tiene elevado interés de que el proyecto sea aprobado, y sucesivamente, se cree una ley sobre uso e instalaciones de estaciones de almacenamiento y venta de gases de GLP, una labor que involucre a autoridades de Salud Pública y de medio ambiente y la fiscalización de la correcta instalación del GLP de legisladores con conocimientos de seguridad ciudadana, derecho civil y penal.