MONTEVIDEO. AFP. La Cámara de Diputados de Uruguay votará el 25 de setiembre un nuevo proyecto para despenalizar el aborto bajo determinadas condiciones, tras el fracaso por falta de votos de un texto que lo legalizaba, aprobado el año pasado en el Senado, informó a la AFP el diputado Iván Posada.  

El nuevo proyecto fue aprobado el lunes en una comisión especial de la cámara y sustituye al que legalizaba la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación por la sola voluntad de la mujer, aprobado en diciembre en el Senado pero que no contaba con los votos necesarios para su ratificación en Diputados.  

Ese texto fracasó por la oposición de un diputado del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda), que tiene una ajustada mayoría de 50 diputados en la cámara baja. Así, el proyecto alternativo de Posada, del Partido Independiente (PI), se convirtió en clave para una despenalización.  

Según Posada, el nuevo texto «tiene una óptica completamente distinta» al anterior, ya que no legaliza la práctica sino que la despenaliza si la mujer cumple ciertos requisitos y la realiza antes de las 12 semanas de gravidez.  

El proyecto prevé que cuando la mujer manifieste su deseo de abortar se coordinará una entrevista con al menos tres profesionales -un ginecólogo, un especialista del área de la salud psíquica y otro del área social- que le informarán sobre los riesgos de la interrupción del embarazo, las alternativas al aborto y los programas de apoyo social a la maternidad o de adopción.  

La meta es que «haya una instancia de apoyo y que la mujer disponga de información para poder decidir libre y responsablemente», explicó Posada.  

Luego de esa instancia la mujer tendrá que esperar cinco días y si ratifica su voluntad de abortar se coordinará el procedimiento.  

Fuera de estos plazos y requisitos el proyecto prevé, como excepción, autorizar el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando se verifique un proceso patológico, que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, dentro de las catorce semanas de gestación.  

La norma vigente actualmente, aprobada en 1938, pena con tres a nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, con seis a 24 meses a quien colabore con el mismo y dos a ocho años para quien lo practique sin el consentimiento de la mujer.  

Al realizarse de forma clandestina, los abortos son difíciles de contabilizar pero según datos de organizaciones no gubernamentales en este país de 3,3 millones de habitantes se registran más de 30.000 abortos por año, contra unos 47.000 nacimientos anuales.  

Proyectos para legalizarlo fracasaron en 1978-1979, 1985, 1991, 1993, 1998, 2002 y 2008.