Desde hace 20 años, la política de la seguridad privada del país se regula por un decreto, que ya resulta obsoleto y ante este dilema, los diputados debatieron y aprobaron ayer la primera lectura del proyecto de la ley que regula los servicios de vigilancia y seguridad privada en la República Dominicana.
Las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional, en lo adelante, intervendrán en los servicios de la seguridad y vigilancia privada, en la que se revela que 500 empresas están reguladas y 900 operan sin control.
El proyecto dispone la creación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, presidida por el Ministerio de Defensa, como órgano rector de las empresas y las personas físicas que están habilitadas para prestar el conflictivo y delicado servicio de vigilancia privada.
La iniciativa que sustentan los diputados Lourdes Aybar y Rubén Maldonado, procura la anulación del decreto 118-03, que hasta ahora es el que se encarga del sector.
Aybar, al dar a conocer la cantidad de empresas que no están reguladas, defendió el proyecto que otorga a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autónomo y la descentraliza del Estado, con patrimonio propio e independencia administrativa, financiera y técnica.
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Estaría regida por un Consejo Directivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, integrado por los ministerios de Defensa, de Interior y Policía, de Trabajo, la Procuraduría General y la Policía Nacional.
El presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco, criticó la ineficiencia y la ausencia de un marco legal en el servicio de vigilancia privada, a lo que atribuye la preocupación que tiene todo el país.
El presidente de la comisión que estudió el proyecto, Ramón Bueno, solicitó la aprobación, dado que dos veces ha perimido.
El diputado Juan José Rojas destacó que la ley regulará el accionar de empresas que han estado trabajando mediante resoluciones.
Homenaje póstumo
Los diputados aprobaron la resolución que designa con el nombre de Freddy Beras Goico la avenida Hípica del municipio de Santo Domingo Este, en la provincia Santo Domingo, propuesta por el Heriberto Aracena.
También, aprobaron otras 19 resoluciones internas, que versan sobre diversas peticiones de legisladores, en demanda de obras y servicios para sus provincias.