La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que preside Josefa Castillo, discutió con las editoras el problema que representa la desechabilidad de los libros de texto.

Durante un encuentro en el Salón de Eventos, en el que participaron representantes de las editoras Santillana, Susaeta y Océano Dominicana, la diputada por Boca Chica pidió que se respete la ley, de manera que los libros tengan utilidad durante cuatro años y puedan ser reusados por más de un miembro en una familia, debido a que su desechabilidad se ha convertido en un dolor de cabeza para los padres.

«Hay que flexibilizar, los colegios también violan la ley con las ofertas que les hacen las editoras, dijo.

Advirtió que de acuerdo con la orden departamental 06-2012, desde el Ministerio de Educación harán supervisiones en los colegios para contactar si violan la ley en relación a la permanencia de los libros.

Manifestó que esta semana serán convocados los dueños y administradores de colegios privados para escuchar sus opiniones.

De acuerdo con el proyecto de resolución de la autoría de Teodoro Ursino Reyes, la impresión anual de textos es un negocio que envuelve un monto aproximado de 14,500 millones de pesos, que las editoras sacan del exiguo presupuesto de las familias dominicanas, generan serios inconvenientes y afectan negativamente el sistema educativo.

En uno de sus considerando, establece que la Ley 66-97, de Educación, modificada por la Ley 222-07, del 15 de agosto de 2007, prohíbe la acción anterior, por lo que la vida útil de los libros de texto no puede circunscribirse a un año de escolaridad.

En el encuentro participaron Obdulia García y Eddy Batista, de la editorial Santillana; Antonio Taveras y Carlos García, de Susaeta, y Leonardo López, de la editorial Océano Dominicana.

Asimismo, asistieron los diputados Radhamés Camacho, Julio Encarnación, Carlos Guzmán, Catalina Paredes, Ángel Ramírez, Juan Suazo, Josefina Tamares, Virgilio González, Francisco Santos, Graciela Fermín y Pedro Juan Ramírez, miembros de la Comisión de Educación, así como Teodoro Ursino Reyes en su calidad de autor de la resolución.

Los representantes de las editoras rehusaron ofrecer declaraciones a los periodistas.