La Cámara de Diputados y el Senado se enfrentaron en la audiencia que, para conocer del recurso de inconstitucionalidad a varios artículos de la Ley 140-15 que regula el notariado e instituye el Colegio Dominicano de Notarios, efectuó ayer el Tribunal Constitucional (TC).

Mientras la cámara baja, a través de su representante Yerris de Jesús Castillo, postuló en defensa de la actual legislación, el del Senado, Santiago Merán, abogó por una nueva revisión de la misma en el Congreso.

El recurso de inconstitucionalidad a dicha ley fue interpuesto por las asociaciones de Bancos Comerciales (ABA) y de Ahorro y Crédito; las corporaciones de Crédito (Abancord) y Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (Lidaapi), en procura de que se varíen las tarifas de los costos por concepto de honorarios profesionales de los notarios.

Castillo solicitó declarar la ley de marras conforme a la Constitución, afirmando que “la Cámara de Diputados cumplió con rigurosidad el procedimiento para su aprobación”.

En cambio Merán manifestó que dicha ley “tiene contradicciones conceptuales, distorsiones procedimentales y violaciones al principio de la racionalidad, proporcionalidad, la equidad y libre competencia”, que amerita nuevamente su revisión por parte del Congreso Nacional.

El pleno del TC, que preside el magistrado Milton Ray Guevara, dejó en estado de fallo ese asunto, así como otros casos más que conoció en audiencia en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia.

ZOOM

Caso MIUP y JCE
El presidente del TC declaró de
“urg encia” la acción directa de inconstitucionalidad
hecha por el
Movimiento Independiente Unidad
y Progreso (MIUP), advirtiendo
que como ya se inició la campaña
electoral y los plazos de inscripción
de candidaturas, convenciones
y delegados están taxativamente
señalados por ley, “cual –
quier entorpecimiento de buena
f e” puede crear inconvenientes.