El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, depositaron ayer en la Procuraduría General de la República (PGR) el expediente sobre la compra de RD$11,500 millones en hormigón asfáltico caliente de parte del Ministerio de Obras de Públicas.

Pimentel dijo que en ese proceso efectuado durante la pasada gestión gubernamental “se violaron todos los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones” y que se determinó que “existen vínculos entre proveedores y los entes contratantes”.

Pimentel y Ortiz Bosch enfatizaron que existen “suficientes indicios” de que en el proceso auspiciado durante la gestión de Gonzalo Castillo frente a Obras Públicas hubo irregularidades y violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones del Estado.

“Estamos convencidos que de manera olímpica se violaron todos los procedimientos y principios de la Ley de Compras y Contrataciones. Ahora queda que el Ministerio Público pueda profundizar las investigaciones para saber por qué se hizo y quién tenía la intención de enriquecerse ilícitamente”, dijo Pimentel.

Explicó que durante la investigación realizada por ambas direcciones, él y Ortiz Bosch llegaron a la conclusión de que habían llegado hasta los límites de sus competencias y que había indicios que debían ser conocidos por el Ministerio Público.

Apuntaron que dentro de los hallazgos existen indicios de vinculación de algunas de las compañías beneficiadas con Gonzalo Castillo y de irregularidades en la contratación de unos RD$11,500 millones.

A esto se añade, señalaron los funcionarios, la aprobación previa de las contrataciones; la publicación con un solo día de antelación para la presentación de propuestas y la entrega de montos millonarios a favor de varias compañías, con marcadas diferencias, en perjuicio de una en particular, en violación del principio de igualdad y libre competencia de la Ley 340-06.

Coincidieron en que el informe que sobre el caso emitió el entonces director de Ética, Lidio Cadet, recomendando archivar la solicitud de investigación sobre Castillo, no es sostenible tras analizar los documentos depositados en Ética.