El Director de la Junta del Distrito Municipal Santiago Oeste, Proto Jacinto Báez Núñez (Eddy Báez), interpuso hoy formal querella con constitución en actor civil en contra del alcalde del municipio de Santiago, Abel Martínez Durán, bajo la imputación de haber violado en su perjuicio el artículo 21 de la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que castiga el delito de difamación.
La querella fue interpuesta ante las declaraciones publicadas de Martínez el pasado 9 de mayo de 2020, a través de sus cuentas en las redes sociales Instagram y Twitter, en donde, entre otras cosas, atribuyó a los que ganaron del PRM la Junta Distrital de Cien Fuegos (Santiago Oeste), haber intentado incendiar el vertedero de Rafey y el haberle prendido fuego al depósito de gomas adyacente a dicho vertedero, logrando crear una gran llamarada.
En dicha acción, el Director de Santiago Oeste se encuentra representado por el equipo de abogados integrado por Jorge Luis Polanco Rodríguez, Bernardo Elías Almonte Checo, Carlos Alberto Polanco Rodríguez y Víctor Rogelio Benavides Valerio, todos miembros de la Firma de Abogados Lic. Jorge Luis Polanco.
Los defensores legales de Eddy Báez explciaron que han aportado pruebas materiales, documentales, audiovisuales y testimoniales en sustento de la querella interpuesta, y han apoderado a la Procuraduría General de la Corte de Apelación de Santiago, en tanto que Abel Martínez, por su condición de alcalde del municipio de Santiago, posee privilegio de jurisdicción.
Los abogados de Proto Jacinto Báez Núñez sostuvieron que, al imputarle a este último, «de manera ligera e infundada», la comisión de un acto ilegal, Martínez laceró el honor y la consideración de su representado e incurrió en el delito de difamación, lo que a la luz de la Ley 53-07 conlleva una pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo.
El lunes 11 del mes en curso, Báez Núñez remitió al alcalde Martínez Durán una comunicación requiriéndole retractarse de las imputaciones realizadas en su contra, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, procedería a interponer las acciones correspondientes que la ley le acuerda.