El director de la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), Luis Estrella   lamentó hoy  que no  funcionen los tribunales que se crearon con la finalidad de sancionar las infracciones que se cometen contra la ley 241, sobre el tránsito de vehículos y más que eso ,aseguró que dicha iniciativa ha sido un rotundo fracaso.

Dijo además, que de más de un millón 600 mil motociclistas que circulan en el país, apenas 50 mil de ellos cuentan con la licencia de conducir.

Estrella  reveló también, que en la República Dominicana hay más de 50 mil vehículos chatarras, la mayoría de los cuales se encuentran operando en el trasporte de pasajeros en el Gran Santo Domingo, situación que además de la contaminación ambiental que genera, contribuye al taponamiento vehicular que se registra en esta demarcación.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, retomando el tema de los Tribunales de Tránsito, el director de la DGTT recordó que el tribunal que funciona en el edificio que aloja la Autoridad Metropolitana de Trasporte (Amet) parece un mercado.

“Aquí la multa se aplican de manera administrativa cuando todo el mundo sabe que debe ser el resultado de una decisión de un tribunal, e inclusive el mismo director de Amet denunció en una ocasión que a cada soldado le ponían una cuota, que la el nombre de la persona era sacada del padrón de la Junta y por eso habían ciudadanos que aparecían multados sin ser notificado de la infracción”, explicó el funcionario.

Aclaró que en el sistema de Tránsito Terrestre sí aparece registrado cuando un ciudadano es objeto de una multa, pero por eso a nadie se le puede negar la renovación de la licencia porque la ley no lo establece, y más aún cuando esa sanción no proviene de un tribunal competente.

“Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que solamente cuando hay una sentencia de un tribunal competente se le puede negar un papel de buena conducta a un ciudadano, porque además esas multas son administrativas y no producto de una autoridad judicial con competencia para ello”, precisó.