En un acto que reafirma su compromiso con los valores de transparencia en la función pública, Rafael Cruz Rodríguez, director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), suscribió el «Compromiso Ético de los Altos Funcionarios Públicos con el Gobierno y la Sociedad».

Este convenio se enmarca dentro de la iniciativa impulsada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), bajo la dirección de la doctora Milagros Ortiz Bosch, en cumplimiento del mandato del presidente Luis Abinader, de garantizar un Gobierno ético, transparente y eficiente.

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Durante la firma del Compromiso discutido y aprobado en la reciente reunión del Consejo de Ministros, Cruz Rodríguez destacó la importancia de seguir implementando medidas de transparencia en la gestión pública.

«Hemos venido a firmar este compromiso ético, iniciativa que valoramos y apoyamos.

El funcionario insto a todo servidor público a actuar con honestidad, ética y responsabilidad, recordando, siempre, que somos garantes de los recursos del pueblo y que hemos sido designados por un hombre que diariamente practica esos valores», expresó, refiriéndose al presidente Abinader,

El director de proindustria subrayó que, desde su llegada a la institución, su prioridad ha sido fortalecer las medidas de control interno y asegurar que todo el personal esté capacitado en el manejo y trámite de fondos públicos.

Esta iniciativa forma parte tener la en visión en una gestión ética y moral, alineada con los principios del Gobierno.

El documento firmado por Cruz Rodríguez establece un compromiso firme con la ciudadanía, enfocándose en la transparencia, la rendición de cuentas y el manejo correcto de los fondos públicos; actuando con apego a la Constitución y a las leyes, con la finalidad de luchar decididamente contra la corrupción administrativa.

El director de Proindustria también ratifica su decisión de trabajar por un Gobierno cercano a la gente, eficiente, y comprometido con la integridad en la gestión pública, debido a que constituye un paso hacia el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado y la consolidación de un modelo de gestión pública que garantice los derechos de todas las personas.