Más de nueve altos dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) presentaron hoy una demanda ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), en contra del presunto intento de reforma estatutaria por parte de las autoridades de esa organización, al considerar que se cometieron serias violaciones de normas procesales que afectan su validez.

La demanda fue interpuesta por Víctor Bisonó Haza (Ito), José Hazim Frappier, Nestor Muñoz, Aciris Medina, José Enrique Sued, Leonardo Matos Berrido, Víctor García Sued , Manuel de Jesús Viña Ovalle, Luis José González Sánchez entre otros dirigentes.

Según narran los legisladores Bisonó Haza y Hazim Frappier junto a sus demás correligionarios, se enteraron de que el día 3 de enero del presente año 2017, el PRSC depositó en la Junta Central Electoral (JCE) una supuesta modificación estatutaria que al ser examinada, queda expuesta como irregular.

Agregaron que esta modificación fue depositada casi un año después de llevada a cabo la Asamblea Nacional Extraordinaria de la organización política, en fecha del 31 de enero del 2016 y no fueron observados los procesos establecidos en los estatutos para su reforma.

En la narración de hechos, establecen que se enteraron de una demanda en nulidad incoada ante el TSE por Arístides Manuel Fernández Zucco, miembro del Directorio Presidencial, en la que han decidido intervenir de manera voluntaria.

Explican además los demandantes sobre el fondo de la demanda, que ésta se basa en la violación al principio de la legalidad pues para que puedan los actos ser considerados válidamente emitidos, deben cumplir con la legalidad interna.

«Siguiendo la jurisprudencia que ha hecho el TSE que establece que constituye un contrasentido que las atribuciones encomendadas por el estatuto a un determinado órgano sean asumidos por otro y por lo tanto, carece de legalidad la creación del llamado Comité Político y los actos llevados a cabo por este como lo son la referida reforma estatutaria», señalaron.

Resalta que al momento de que Comité Político sometiera a la JCE el estatuto modificado, sin haber sido aprobado por la Asamblea Nacional Extraordinaria, se ha cometido «una evidente usurpación de funciones», por lo cual consideran debe ser anulado lo depositado en fecha 3 de enero.

Puntualizan que ante esta situación, mañana miércoles 22 de febrero, se ha convocado audiencia en el TSE que conocerá el caso cuya sentencia podría conllevar la eliminación del documento estatutario vigente y retornar al estado vigente previo con la existencia de los organismos Directorio Presidencial, Comisión Política y Comisión Ejecutiva.