Hoy 
El anuncio de que se ha logrado un acuerdo preliminar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace suponer que el país ha empezado a recuperar parte de la solvencia perdida como resultado de los desbarres cometidos por el Gobierno pasado en el manejo de la economía y las finanzas del Estado.
La suspensión de la segunda fase del acuerdo stand by suscrito con el Fondo fue una severa penalización para este país, cuyo Gobierno de entonces lo apostaba todo a una reelección presidencial que llevó al precipicio la economía y colocó a esta nación en un riesgoso casillero de insolvencia.
Firmar con el FMI es un paso ineludible para un país manejado en las condiciones que fue manejado el nuestro, pero supone compromisos de moralidad pública de estricto cumplimiento. No sólo habrá que apegarse sin desviaciones a las reformas fiscales vigente y por venir, sino también a disciplinas muy estrictas en lo que concierne a manejo del gasto público y de la capacidad de endeudamiento externo. Como contraste, la imposición de una severa disciplina en el gasto entra en juego en momentos en que el Gobierno está sometido a fuertes presiones debido a las demandas de empleo por parte la militancia de su partido.
-II-
Otro aspecto de las disciplinas que plantea el FMI tiene que ver con el desempeño de la Justicia en la persecución de los delitos de corrupción, particularmente aquellos cometidos en perjuicio del Estado. Aunque parecería materia de otro ámbito, ese desempeño habrá de ser tomado en cuenta al momento de medir la confiabilidad del país en materia de inversión y establecer los índices de riesgos. Este parámetro, cuando se trata de un país que ha fallado en sus compromisos con el Fondo, es uno de los más tomados en cuenta a la hora de definir políticas de apertura o de restricción en los aspectos crediticios y de inversión.
El país está a las puertas de acuerdos que entrañarán mucho rigor y deberá estar preparado para cumplirlos al pie de la letra. Aún al margen de estos acuerdos, hace falta un manejo prudente del gasto público, un reajuste de las nóminas del Estado y la elaboración y aplicación de un presupuesto equilibrado y desarrollista.
Estamos, pues, ante una nueva oportunidad de demostrar con los hechos que queremos realmente echar hacia adelante, como proclama una propaganda oficial muy en boga.
¿Ignorancia o resistencia?
Con todo lo que se ha hablado de las facultades que el Código Procesal Penal reserva a la Policía Nacional, no deberían producirse situaciones en que miembros de esa institución se cruzan de brazos ante actos de flagrante delito.
En estos días, residentes de un tramo de la calle Pasteur, en Gascue, vivieron el drama de que agentes policiales se negaron a arrestar a un hombre sorprendido robando en una residencia del sector. El argumento de los policías fue que el Código Procesal Penal supuestamente les prohibe actuar en esas circunstancias. No ha sido el único caso en que policías recomiendan a ciudadanos que consigan una orden de un fiscal cuando se les pide actuar en hechos de flagrante delito.
La jefatura de la Policía ha agotado notables esfuerzos para lograr que sus miembros se acojan a las nuevas reglas, pero, según parece, deberá enfrentar lo que pueden ser remanentes de ignorancia, o de resistencia deliberada a las nuevas reglas de juego.
