Sin otra salida a la vista que firmar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un compromiso disciplinario de dos años para subsanar entuertos de los que ha sido responsable la propia administración del Estado, los dominicanos debemos tener bien claro que se avecinan sacrificios que, hasta demostración en contrario, empeorarán nuestra calidad de vida.

De principio, los ajustes fiscales que dan sustentación al acuerdo Stand By representarán nuevas alzas en los precios de combustibles, transporte de pasajeros y carga, alimentos, medicinas, bienes y servicios y reducirán significativamente la inversión pública.

Aunque no hay escapatoria, pues el Estado Dominicano jamás ha sido capaz de autodisciplinarse con éxito y resistirse a la idea de acudir a recetarios externos, es preciso hacer algunas puntualizaciones de orden, con miras a que los administradores de los nuevos ajustes distribuyan equitativamente la carga.

El tipo de acuerdo que hemos suscrito con el FMI supone dos líneas fundamentales de conducta: disminución de los déficits fiscal y cuasi fiscal sobre la base de establecer nuevas cargas impositivas, y someter el ejercicio financiero del Estado a un régimen de austeridad mediante la disminución de gastos y limitación de las inversiones a un estricto orden de prioridades.

Sin embargo, la práctica del Gobierno dista mucho de parecerse a las recomendaciones del FMI, contenidas en un acuerdo que habrá de entrar en vigencia desde el martes primero de febrero.

-II-

Una conducta gubernamental que ha llamado la atención ha sido la de multiplicar los cargos de la administración pública, incurriendo en algunos casos en creaciones.

Por ejemplo, llama la atención el alto número de vicecónsules designados en el consulado de la República Dominicana en Nueva York.

A eso hay que agregar una misión que parece excesivamente numerosa en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se afirma que esa delegación tiene treinticinco miembros, entre ellos siete embajadores alternos, que en conjunto representan una erogación de US$100 mil mensuales para el Estado dominicano.

Otra muestra de discrepancia sin precedentes con los términos de la austeridad que recomienda el FMI es la designación de vicegobernadores provinciales. Que se sepa, nunca antes se había hecho tal designación.

Ahora bien, una de las medidas recomendadas por el Fondo es la limitación de la inversión pública, pero, sin temor a yerro, el organismo internacional ha puesto el mayor énfasis en la reducción sustancia del gasto público que, si partimos de los gastos nominales citados precedentemente, alcanza sumas excesivamente altas.

Es saludable que el país se acoja a un régimen de disciplina que le permita recomponer su economía, fortalecer la moneda y mejorar las disponibilidades financieras. Lo que no parece saludable es que la parte más ruda de los ajustes esté dirigida a penalizar las condiciones de vida de las mayorías mientras se sustentan niveles de gastos que contradicen las recomendaciones de austeridad. Está a la vista que hay que distribuir los sacrificios de forma más equitativa y justa.