Hoy 
Aun año del desastre causado por un terremoto sin parangón y a pocos meses de que le estallara una mortal epidemia de cólera que no se detiene, Haití está cosechando el fruto amargo de las ambiciones sectarias que trastornan su sociedad y a sus casi inexistentes instituciones. Las recién pasadas elecciones resultaron muy afectadas por irregularidades contrarias a la intención de consultar con algún crédito la voluntad de los haitianos. Hubo trampas y adulteraciones y pasó el tiempo en que los organizadores debieron emitir algún fallo aceptable para los participantes y para la opinión pública local y externa. Las discordias e insatisfacciones, en un país sin tradición democrática, obligan ahora a las partes a negociar un acuerdo para preservar el orden institucional.
El presidente René Preval, que sorprendió con su llegada a Santo Domingo abrumado por la gravedad de los problemas, tendrá que colocarse a la altura de las circunstancias. La comunidad internacional ha objetado que permanezca como aspirante para una segunda vuelta electoral el candidato del oficialismo, Jude Celestín. El diagnóstico de la Organización de Estados Americanos, respaldado por la ONU implica que el pupilo de Préval no obtuvo, en buena ley, suficientes votos para seguir siendo opción. El mandatario haitiano y las autoridades electorales de Haití no tienen más camino que eliminar todo escollo para que el proceso culmine.
Los municipios y sus dilemas
Los ingresos que por sus propios medios se agencian los ayuntamientos no se corresponden con la magnitud de sus obligaciones de servir a los munícipes en materia de higiene y ornato, calles asfaltadas y áreas de recreo; y en el caso particular de Santo Domingo, poner fin a la agravada condición cloacal de los ríos Isabela y Ozama. Llama la atención, no obstante, que entre las causas de las precariedades financieras de los organismos está la retención por parte del Gobierno Central de fondos millonarios que por ley les corresponden.
Pocos cabildos cumplen con las normas que garanticen la administración idónea de recursos lo que facilita el deterioro de la calidad del gasto y el crecimiento desproporcionado de las nóminas insufladas por intereses políticos. Cualquier propósito de aumentar los arbitrios municipales obliga primero a poner la casa en orden y a dar la cara con justos reclamos a las propias superioridades políticas y fiscales de los alcaldes.
