¿Discriminación?

¿Discriminación?

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) atribuye el desabastecimiento actual de gas licuado a un «desvío» de su uso hacia industrias, hoteles, restaurantes y transporte de pasajeros. De ser así, habría que considerar que esos sectores se han unido en esta ocasión, de manera coyuntural, al mercado de demanda del fluido, cuando en realidad integran desde siempre el consumo local conjuntamente con las amas de casa.

La demanda global de gas licuado la componen los hogares, a los cuales está destinado el subsidio que les permite adquirir el galón a RD$25, y los sectores que emplean este combustible con fines comerciales, como las industrias, los hoteles, restaurantes y, por supuesto, los transportistas de pasajeros.

Si como afirma Refidomsa, esa empresa ha estado importando volúmenes de gas mucho mayores que la demanda, se desploma entonces su propio argumento de que hay un «desvío» del combustible, a menos que esta razón social juzgue como demanda únicamente el fluido destinado a los hogares.

Cada vez que ha habido desabastecimiento de gas, los efectos los han padecido los consumidores domésticos, que es a quienes en realidad va dirigido el subsidio, y los choferes de carros del «concho», que se han añadido como beneficiarios del subsidio. No se tiene noticia de quejas de los industriales, hoteleros y otros sectores comerciales por falta de gas, y esto permite deducir que a éstos se les estaría garantizando suministro, probablemente a precio no subsidiado, pero no a los hogares, que son parte del mercado. Eso es algo muy diferente al «desvío» que se alega en esta ocasión.

Siempre hemos sido partidarios de que los subsidios lleguen exactamente donde tienen que llegar, y en el caso que nos ocupa debe ser estrictamente a los hogares, no al transporte y otros sectores comerciales que obtienen rentabilidad con el uso del gas.

Hasta que el Gobierno haga los ajustes que ha anunciado para enero del 2005, a la población hay que garantizarle abastecimiento de gas licuado de petróleo a precio subsidiado. ¿acaso no fue en eso que quedamos?

Enhorabuena

El Consejo Superior Policial acaba de trazar una serie de pautas que de seguro contribuirán a manejar con mayor diafanidad los asuntos relacionados con la recuperación y retención de vehículos robados. En la misma ha dispuesto que sean suspendidos en funciones los policías bajo investigación penal.

Una recomendación contenida en la Resolución 012-04, emitida por el Consejo Superior Policial, plantea la necesidad de establecer restricciones en cuanto a la venta de salvamentos por parte de las compañías aseguradoras. Esto tiene el propósito evitar que las matrículas y chasis de salvamentos sean empleados para ensamblar en ellos vehículos previamente robados, lo que implicaría una especie de “lavado” que borra el origen real de la propiedad.

Asimismo, se ha dispuesto la depuración total del departamento encargado de recuperar los vehículos robados, para mejorar las calificaciones técnicas y morales del personal de esta dependencia policíaca.

Estas medidas han sido motivadas por las investigaciones que han permitido recuperar decenas de vehículos que habían sido robados a sus propietarios legítimos, recuperados por la Policía y retenidos irregularmente por oficiales de esa institución. Se trata de pasos en el sentido correcto, como ha estado demandando una sociedad que aspira a regirse bajo el imperio de la ley.

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