Leonora Ramírez 
De la diversidad de discriminaciones que sufre el adulto mayor en el país, una de las más comunes, y que atenta incluso con su sobrevivencia económica es la negación de un puesto de trabajo porque tiene más de 60 años, afirmó la geriatra Rosy Pereyra Ariza, quien lamentó que esa actitud violatoria del Código de Trabajo no sea sancionada.
La especialista, quien es una de las mentoras de la Ley 352-98 sobre Protección de la Persona Envejeciente, cuestionó que esa situación se haya normalizado a tales niveles que, cuando las empresas solicitan personal, enfatizan en que deben tener menos de 35 años.
“Hay mucha discriminación por edad, y eso está prohibido en el Código de Trabajo, en el que se establece que no se puede impedir que una persona mayor de 60 años obtenga un puesto de trabajo si califica, si está preparado, si no tiene impedimento físico ni mental”, refirió.
Según los datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), hasta marzo de este año de los 2,199,285 empleados registrados en la seguridad social, 1,186,560 tienen de 31 a 55 años; 716,064 son del rango de edad de 18 a 30; 705,000 tienen menos de 18, y 284,954 son mayores de 55.
“En los diarios ponen ofertas de trabajo para menores de 35 años, y eso está en contra de la ley, nadie sanciona eso. Usted va a un país desarrollado y le hace eso a una persona adulta mayor, hábil física y mentalmente, y demandan.
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“Hasta que aquí no se pongan demandas van a seguir con la discriminación”, expresó.
Pereyra Ariza enfatizó que no es posible que se les niegue la oportunidad a adultos mayores que están capacitados, que inclusive manejan las tecnologías de información y comunicación como cualquier persona joven.
“Se puede decir que se le debe dar el chance a los más jóvenes, y es cierto, pero tampoco se debe rechazar a los más adultos”.
Al hacer esos señalamientos expresó que esa actitud contra ese segmento de la población obedece a una cultura enraizada en la sociedad dominicana, que se rechaza a los envejecientes porque se considera que no son útiles, que no tienen valor.
Discriminación a otro nivel
Pereyra Ariza explicó que el adulto mayor de la República Dominicana está expuesto a peligros, desde el punto de vista urbano.
En ese sentido dijo que las ciudades, principalmente el Gran Santo Domingo, son hostiles a esa población por las dificultades para la movilidad, sobre todo en las aceras.
La especialista lamentó que desde las alcaldías no se desarrollen proyectos que tiendan a poner los espacios públicos al servicio de esa población.
Beneficios con rezago
La población envejeciente del país ha sido víctima de la indiferencia y la negligencia del Estado, que no solamente ha tomado tardíamente medidas que le benefician, sino que las aplica con rezago.
El planteamiento se desprende de las explicaciones de Pereyra Ariza, quien detalla el largo camino recorrido para que se implemente la Ley 352-98.
“En un estudio realizado en 1998, hace 23 años, sobre las necesidades de los envejecientes, estos expresaron que necesitaban tres cosas: una pensión mínima para sobrevivir, acceso a la salud, y un techo.
“En esa época, y con esos datos, creamos e impulsamos la Ley 352-98 de Protección a los Envejecientes, pero no se puso en ejecución sino hasta 2006, porque hasta entonces no se hizo el reglamento”.
Uno de los artículos de esa ley, explica la geriatra, establece que en todos los proyectos de vivienda que hiciera el Estado dominicano, el 5% debe estar dirigido a esa población mayor de 65 años, “pero eso no se cumple”.
Otro atraso en la aplicación de la ley es el tema de las pensiones solidarias, que empezaron a entregarse en 2019, a beneficio de 1,176 envejecientes.
En 2021 el presidente Abinader dispuso 3,000 pensiones solidarias para el referido segmento poblacional, a través del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE).
Pereyra Ariza dijo que alrededor de 30,000 personas reciben esas pensiones, pero aún faltan muchas por integrarse.
