Al conmemorarse este 23 de mayo el octavo aniversario de la promulgación de la Ley 169-14, las organizaciones que integran la plataforma Dominican@s por Derecho (DXD) pidieron al Estado dominicano enfrentar la discriminación institucionalizada y barreras administrativas que impiden cumplir con el compromiso de restitución de nacionalidad a miles de dominicanos que hoy se encuentran en riesgo por la falta de acceso efectivo a su documentación de identidad.

De acuerdo al colectivo debido a la implementación de políticas excluyentes que limitan el acceso a servicios públicos, en los últimos dos años se han estancado los pocos avances alcanzados con la implementación de la ley 169-14, único instrumento legal con el que el Estado busca enfrentar efectos de la desnacionalización de dominicanos/as hijos de migrantes dictaminada por Tribunal Constitucional en la antijurídica Sentencia 168-13.

Como muestra de las barreras administrativas, los integrantes de DXD denunciaron la deshabilitación del departamento del Ministerio de Interior y Policía (MIP) que daba seguimiento proceso de registro especial enmarcado en el literal B de la Ley 169-14, lo que ha que ha dejado en el limbo unos 7 mil 498 dominicanos que aplicaron al proceso que debía restitución de nacionalidad dominicana, vía naturalización, en un periodo de dos años. La documentación entregada a este grupo se encuentra vencida, y se les exige renovar como extranjeros.

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En lo relativo a la Junta Central Electoral, explican continúa la práctica de trasladar a libros de transcripción y demandar en tribunales a dominicanos que ya cuentan con un registro de nacimiento correctamente sustentado, en contradicción con el espíritu de la Ley 169-14 que ordena la devolución de sus documentos de forma rápida y sin procedimientos a cargo de las personas.

Durante una rueda de prensa celebrada en un restaurante de esta capital, las organizaciones señalaron como preocupante la inscripción en los denominados libros de extranjería de dominicanos a quienes corresponde el registro en los libros regulares. Estas acciones segregacionistas ponen en estado de vulnerabilidad a las/los destinatarios de la Ley 169-14 y en la práctica crean categorías ciudadanas distintas a la del resto de la población nacional.

En el encuentro fungieron de voceros el Coordinador de la la Plataforma Dominican@s por Derecho Beneco Enecia, Manuel Dandré, abogado del movimiento y coordinador de la Red Jacques Viau y la presidenta del Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), acompañados por un grupo de jóvenes de líderes de las organizaciones, destacados por su activismo comunitario.

Sin una cédula de identidad vigente los dominicanos/as no pueden hacer ningún tipo de trámite de la vida civil, acceder a empleos formales, obtener un seguro médico, comprar o solicitar servicios a su nombre, ni ser beneficiarios de programas de asistencia del Estado lo que tiene un impacto negativo en familias y comunidades en momentos en que todo el país lucha por recuperarse de la crisis económica y de salud que ha quedado como secuela del Covid-19, explicaron los jóvenes voceros Esmeralda Chalas y Miguel Angel Deriso, durante el encuentro con los medios.

Las organizaciones reiteraron el llamado que desde sociedad civil reiteraron el llamado que han venido realizando al presidente Luis Abinader: “Es urgente subsanar por diversas vías los efectos negativos que la TC 168-13 ha causado en la sociedad dominicana, contemplar el diseño de políticas que promuevan la resiliencia e inclusión social de dominicanos/as víctimas de la política de desnacionalización”.

La plataforma Dominicanos por Derecho reafirma su disposición y solicitud de retomar espacios de diálogo y de trabajo como vía idónea para avanzar en el camino de restaurar derechos a dominicanos/as privados de su nacionalidad, de modo particular para aquellos que no tienen configurada una solución, en consonancia con las recomendaciones de instituciones nacionales y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Nerthania Bernath y Zacarias Toussaint agradecieron a la sociedad dominicana su permanente respaldo a la lucha por la restitución del derecho a la nacionalidad, indicando que jóvenes, mujeres, adultos mayores dominicanos de ascendencia haitiana, comunidades bateyeras, barrios populares son acompañados por diversos colectivos ciudadanos en sus reivindicaciones. “Estamos plenamente confiados que se impondrá la justicia social, el cumplimiento a nuestra Constitución que llama a garantizar los mismos derechos y oportunidades a cada dominicano y dominicana” finalizaron.

Dominican@s por Derecho es un colectivo de organizaciones de base comunitaria que reivindican el derecho a la nacionalidad de dominicanos y dominicanas víctimas de la Sentencia 168-13. Desarrollan una intensa labor de incidencia y empoderamiento ciudadano.

Cabe recordar que La Ley 169-14 es la respuesta que dio el Estado dominicano a la crisis generada por la antijurídica Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, fallo que arrebató la nacionalidad de manera retroactiva a cuatro generaciones de dominicanos/as por el alegado estatus irregular de sus padres. Con la pieza se reconoció el derecho a la nacionalidad a las personas afectadas que ya se encontraban inscritas en el Registro Civil (“Grupo A”), mientras a aquellas que no tenían registro (“Grupo B”) se les dispuso de un procedimiento especial para su regularización y posterior naturalización. En diversos foros, las organizaciones han denunciado dificultades externado recomendaciones para mejorar su implementación.