Por MARIEN ARISTY C.
El tema del financiamiento de la educación fue uno de los que más atención concitó durante las discusiones para consensuar la “Declaración General del Congreso Nacional del Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación Dominicana”.

El asunto fue tan debatido que se llegó a la conclusión que es necesario incluir en la Constitución de la República cuál es la proporción mínima del Producto Interno Bruto (PIB) que el gobierno tendrá que invertir en el sector educativo.

Pero para hacer esta inversión, a juicio del experto Lorenzo Guadamuz, sería necesario que se tribute adecuadamente. “Un país que no tributa no puede tener el dinero para exigir la inversión social que requiere. Aquí tenemos un asunto de responsabilidad nacional: tributar más para poder distribuir mejor las riquezas”, dijo Guadamuz al tiempo de indicar que el país existe demasiada evasión.

Tras indicar que el presupuesto que invierte la República Dominicana en educación es muy bajo, Guadamuz señaló que para poder asignar más recursos es necesario generar más riquezas, producir más, invertir más y tributar más.

El gobierno, en cambio, debe aprender a priorizar el gasto. También debe ser transparente y mostrar en qué se están gastando y se gastarán los recursos que percibe. Por otro lado, expusieron sus puntos de vista Jesús de la Rosa, Melanio Paredes, Ligia Amada Melo de Cardona, Lorenzo Guadamuz, Leonardo Valeirón y Roberto Reyna.

LA DISCUSION PASO A PASO

El primero en hablar fue Jesús de la Rosa, quien pidió un turno porque se iba a discutir el punto número 13 de la declaración, que es el de “Movilizar recursos financieros para la educación”.

Estos recursos, entiende De la Rosa, tienen que estar establecidos constitucionalmente. Y la necesidad, argumenta, surge porque sólo en una oportunidad se ha respetado la Ley 66’97, que establece que hay que dudar un 4% del PIB o el 16% del presupuesto general al sector educativo. Tampoco se cumple con la Ley 139-01 que establece que a la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay que asignarle el 5% del presupuesto nacional.

“A título de asegurarnos que se cumpla con la ley planteamos que sea un ley adjetiva sino sustantiva y que esté en la Constitución, nada raro porque hay países de América Latina en los que la proporción que el  Estado invierte en educación es materia constitucional”.

Al escuchar esto, el director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Melanio Paredes, afirmó que no era prudente que se estableciera de manera constitucional un tope a la inversión en educación.

Como las circunstancias cambiarán con los años y se hará necesario que se invierta mucho más, Paredes entiende que no es prudente que exista un límite constitucional.

Por otro lado, Paredes señaló que es necesario que se establezcan indicadores que permitan ver cuál es el grado de eficiencia del gasto en educación. Una vez establecida esa eficiencia, se debe invertir en función de ella.

Momentos después, y tras indicar que la democracia dominicana no ha respetado la educación, el rector de la UASD, Roberto Reyna, lamentó que la Surprema Corte de Justicia nunca se haya pronunciado en torno a las leyes que defienden a la educación del país. Pero las instituciones, sostiene Reyna, también han sido débiles a la hora de reclamar el cumplimiento de esas leyes.

Una vez hechas estas afirmaciones, Reyna indicó que la mejor fórmula de conciliar la propuesta presentada por Jesús de la Rosa, quien formó parte de la comisión que debatió este tema, y Melanio Paredes era poner un monto “mínimo necesario” a la inversión en educación. Puestos de acuerdo, la titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo de Cardona, dijo que es necesario reclamar cuál será la inversión que el Estado destinará a la cartera que dirige.

La preocupación de Melo de Cardona surge porque las leyes hablan de la Secretaría de Educación y de la UASD pero no determinan el monto que debe recibir la SEESCT. “En ningún momento esa ley establece cuál es el por ciento que debe recibir la Secretaría para desarrollar sus propios proyectos”.