MEXICO (AFP).- El gobierno, los líderes políticos y la prensa de México discutían ayer, miércoles, respecto a cómo castigar al hotel Sheraton de la capital mexicana por expulsar a funcionarios cubanos basándose en leyes anticastristas estadounidenses, sin dañar al mismo tiempo las relaciones con Washington y La Habana.

La expulsión, el viernes pasado, de los funcionarios cubanos que se reunían con empresarios estadounidenses en el Sheraton puso a México en una delicada situación.

Desde Londres, el canciller Luis Ernesto Derbez, dijo que no enviará una nota diplomática a Washington por el suceso. Pero poco después, en entrevista a una emisora radiofónica mexicana, declaró que uno de sus subsecretarios recabará información para analizar la reacción.

Gerónimo Gutiérrez, subsecretario para América del Norte, investigará los detalles del incidente, en contacto con Washington, “para que decidamos si corresponde o no presentar una queja al gobierno de Estados Unidos”, afirmó Derbez.

En la conferencia en Londres, Derbez negó que la determinación del Sheraton de expulsar a los funcionarios cubanos, por órdenes del gobierno estadounidense, represente una violación a la soberanía mexicana por parte de Washington. De todos modos, el gobierno federal inició un proceso contra el establecimiento hotelero y adelantó que podría aplicarle una multa de hasta 442.000 dólares.

Esa posición “no nos deja satisfechos”, comentó la senadora del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dulce María Sauri. En su conjunto, el Congreso exigió “que se apliquen las medidas diplomáticas adecuadas para evitar que este tipo de sucesos se repitan en el futuro” y el “rigor de toda la ley” al hotel.

En México existe una legislación que protege al comercio y la inversión “que debe aplicar” contra el hotel y no contra Washington, consideró a su vez en el diario La Jornada, el ex subsecretario de la cancillería mexicana, Gustavo Iruegas.

“La sustitución del orden jurídico nacional por uno ajeno no es una mera violación de la soberanía, es su cancelación”, apuntó.

Iruegas consideró que “curiosamente los hechos son conocidos por todos y reconocidos por los dos gobiernos (…) Es de suponer que la demora (a tomar una resolución) obedezca en realidad a una búsqueda de tiempo para dar la solución correcta”.

“El asunto no es con (el presidente de Estados Unidos, George W.) Bush, sino con la administración del hotel”, según Iruegas.