La Jurisdicción Inmobiliaria ha sido una de nuestras grandes debilidades institucionales. No hay que abundar sobre las causas y los lamentables efectos. De ahí que organizar esa jurisdicción debe ser una meta ineludible. Una manera de lograrlo es evitar que sus actos regulatorios, de alguna manera y por la causa que sea, puedan dar origen a discrepancias que perjudiquen el interés general por agilizar las soluciones de litigios y conflictos sobre propiedades inmobiliarias y sus linderos.
Actualmente, el reglamento para la aplicación de la Resolución sobre Soluciones de Mensuras Superpuestas se ha convertido en un motivo de discrepancia entre varias organizaciones empresariales y profesionales y la Suprema Corte de Justicia. Las organizaciones alegan que el reglamento aprobado por el más alto tribunal no se corresponde con el borrador fruto de un consenso entre la autoridad judicial y esas organizaciones. Por eso, reclaman que se suspenda su aplicación.
En aras de lograr el objetivo de mejorar el trabajo de la Jurisdicción Inmobiliaria, procedería que las partes debatan las diferencias que motivan la solicitud de suspender la aplicación del reglamento en cuestión, sin que ese debate signifique merma de las facultades que las leyes confieren al Tribunal Supremo. Que todo se haga en procura de un objetivo de interés común.

No a los paros docentes

Las demandas de aumento salarial en la enseñanza preuniversitaria y superior no deberían ejercerse por medio de la paralización de la docencia y otros métodos de fuerza. Actualmente el uso de este método por profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo está perjudicando a miles de estudiantes. Por otra parte, y a juzgar por afirmaciones del ministro de Educación, Andrés Navarro, varias seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores han estado amenazando con paralizar las escuelas pidiendo alza salarial.
Las reivindicaciones económicas deberían ser negociadas en mesa de diálogo en que cada parte exponga libremente sus demandas y argumentos. Las paralizaciones de docencia convierten a los estudiantes en víctimas de un procedimiento que no aporta ganancia de causa.