La citada calificadora de riesgo ha planteado que “el que gane elecciones…2024 enfrentará el desafío de aprobar reformas… largamente demoradas”. Siendo cierto, amedrenta. Pero si los protagonistas que polarizan las elecciones-Abinader y Fernández-se comprometieran simple y llanamente a cumplir las reformas ya mandadas por leyes vigentes hace 12 años, tres períodos de Gobierno, el amedrentamiento se disiparía.

Solo habría que acomodarlas para encarar urgencias presentes.

Partiendo de la más neurálgica: la fiscal. Ley 1-12 priorizó aumentar recaudaciones vía “reducción de evasión fiscal” y “elevar calidad, eficiencia y transparencia del gasto público” para estimular contribuyentes a contribuir.

Reducir evasión demanda simplificar procedimientos tributarios, reducir tasas para hacerlas mas justas y razonables aún cuando se amplíen bases; reducir exoneraciones y combatir contrabando, principalmente fronterizo, requiriéndose previamente normalización relaciones dominico-haitianas por fin reanudándose.

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La ley citada manda reformar educación concentrándose ahora en calidad para lo cual manda diseñar “sistema apropiado de evaluación” (art.34)

El art.35 obliga a “solucionar la crisis estructural del sector eléctrico”. No se ha logrado en 12 años y tres periodos de gobierno como evidencian apagones y abusos tarifarios. El art.32 ordena “ahorro y eficiencia energética” ausente en políticas gubernamentales. Manda revisar seguridad social para universalizarla, reformar el sector Salud y de asistencia social, vigilar la calidad del agua (art.30).

El art.31 obliga a instituir un nuevo “régimen de incentivo y fomento de las actividades productivas, fomentar…competitividad” imperativo del momento para satisfacer necesidades nacionales incrementadas por un turismo exaltado, reducir precios, disminuir importaciones y aumentar exportaciones dentro de un sistema financiero que los relega y un orden internacional competitivo. Así, se proveerían empleos de calidad preceptuados.

El art.29 manda “reformar…seguridad ciudadana y nacional” cuyos efectos sufrimos cotidianamente. Finjus pide declarar transporte en emergencia. Combatir corrupción es mandato constitucional: proscribiéndola y aplicando responsabilidad civil a decisiones del funcionariado.

Lo anterior no constituye novedad alguna. Está establecido legalmente. Más bien constituiría una agenda para ejecutar reformas legisladas.

Comprometiéndose Abinader y Fernández a cumplirlas, el desafío planteado por Standard & Poor’s no causaría amedrentamiento.