SAMUEL SANTANA
Aunque a simple vista debe apreciarse como positivo el anuncio del crecimiento de la economía dominicana, lo cierto es que en el dato subyace un elemento pernicioso. Los números y las estadísticas son inherentes al campo científico, pero en nuestro país es imposible que los líderes encargados del poder del Estado no les saquen algún provecho político. 

Anunciar que la economía dominicana ha crecido durante la gestión de Leonel Fernández Reyna es decir de manera sutil y «contundente» que se trata de un Gobierno eficiente, capacitado y diestro en la administración del Estado. ¿Por qué, entonces, vamos a cuestionar a una gestión y a un partido que ha venido siendo eficiente en el manejo de la economía?

El razonamiento cobra mucho más contundencia si se contrapone el escenario actual con lo que fue la pasada gestión del ingeniero Hipólito Mejía.

Los peledeístas y amigos del doctor Fernández parecerían tener toda la razón para decir que no hay necesidad de cambiar los parámetros, pues se podría correr el riesgo de dar pasos hacia la incertidumbre y a lo peligroso. Aparentemente el Gobierno está trabajando bien y merece virtualmente el reconocimiento de todos.

¿Qué pueden decir los adversarios para desmeritar la destreza de los diseñadores de una estrategia que ha tenido como fruto el levantamiento de una condición que parecía tomarse mucho tiempo para ser estabilizada?

Sin embargo, cuando contraponemos los indicadores económicos con las realidades del pueblo, vemos que las cosas son diferentes y que hace falta algo muy importante. Se dice que la economía ha crecido y que se espera un mayor repunte, pero hay una serie de factores adversos que afectan de manera preocupante la condición de vida de los ciudadanos. ¿Qué cambio favorable han experimentado en el país en los últimos años áreas tan necesarias como la salud, la educación, la energía eléctrica, el agua potable, las vías de comunicación terrestre, la vivienda y la canasta familiar?

La realidad indica que hay un crecimiento que no se deja sentir en el estómago de los hambrientos, en las condiciones deplorables de los servicios ni en las áreas geográficas marginadas, donde predomina el cuadro deprimente de unidades habitacionales compuestas por zinc oxidado y madera y calles polvorientas por donde transitan niños con barrigas llenas de parásitos.

Por muchos años, esto se ha constituido en el estigma maldito de muchos gobiernos y de la misma democracia.

Es difícil asimilar las variables numéricas en alta cuando aún permanecen de manera indetenible estos factores que sostienen la pobreza.

Es por eso que se plantea que una de las tareas urgente de cualquier gobierno es lograr que exista una relación estrecha entre el incremento económico y el mejoramiento de la condición de vida de los ciudadanos. La realidad indica que en República Dominicana siempre ha existido disparidad en cuanto a esto. Existe una clase política y capitalista que disfruta de muchos bienes materiales, mientras la clase pobre del país sufre toda clase de penurias.

Y muchos gobernantes han vivido a espaldas de este mal. En lo que más se ha puesto atención es al empeño de garantizar el poder, pero en lugar de validar esta intención mediante la eficiencia, se transita por el camino del populismo y la demagogia.

Los actores políticos en los gobiernos deben saber que debe haber una distribución justa de las riquezas que produce un Estado y un país. El gasto social no debe ser visto como una inversión infructuosa, sino como parte íntegra del desarrollo general de una nación.

Así como los pueblos se rehusaron a seguir bajo el control del colonialismo y de la dictadura férrea, llegará el momento, de igual modo, en que no será posible seguir sosteniendo un sistema político sin que éste sea capaz de mejorar y cambiar la condición de vida de la gente.