JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
Si bien es cierto que analizando el presupuesto anual que ejecuta el Poder Ejecutivo podemos darnos cuenta que, en muchos casos, las partidas asignadas a ciertas instituciones constituyen una carga pública para el ciudadano que paga impuestos, cuya finalidad debe contribuir al desarrollo sostenido del país y que, por el contrario, son dilapidadas alegremente y sin contemplar las consecuencias de esta acción;

 entonces las personas sensatas se preguntan ¿no se podrá establecer un organismo o talvez un mecanismo que asegure la pulcritud en el gasto público? Un país pobre y endeudado, tanto internacional como internamente, no se puede dar el lujo de no planificar los escasos recursos económicos que maneja.

En el antiguo régimen comunista se tenía como premisa que el que no trabajaba no tenía derecho a reclamar su alimentación. En el país existe una Cámara de Diputados, en donde ha quedado demostrado que existen legisladores que sólo asisten cuando se trata de firmar la hoja de acuse de recibo del cheque que por tan ardua labor reciben. Pero además perciben una jugosa dieta y viáticos que sin honrar los compromisos previamente contraídos, tienen el tupé de cobrar hasta el adicional por combustible, sin ni siquiera dejar su domicilio. En un estado de derecho ¿cómo podrían calificarse estas deleznables y deshonestas acciones? ¿Cómo estos señores pretenden que se les aumente el presupuesto anual si a cambio sólo algunos producen limitados anteproyectos útiles a la sociedad? ¿Debe considerarse el barrilito una acción legal o dolosa? ¿No debería considerarse de timorata la proposición de un diputado para la prohibición del uso del traje de baño denominado bikini? Existen otros anteproyectos de ley que por sus objetivos deberían ser conocidos por una de las tantas comisiones nombradas y que determinen su valor o utilidad antes de llegar al hemiciclo. De ese modo, evitarían hacer el ridículo y ser objeto de burlas por parte de la ciudadanía.

Hemos visto con suma preocupación el nombramiento desmedido de un numeroso y anquilosado cuerpo diplomático. ¿Se necesitan 53 miembros de una embajada ante la Organización de las Naciones Unidas? El Fondo Monetario Internacional (FMI), que para otras cosas ha sido una camisa de fuerza, debería estudiar este despilfarro de divisas tan necesarias para el pago, por ejemplo, de la factura petrolera. Asimismo, los treinta y pico de vicecónsules en la ciudad de Nueva York, sin contar, el sinnúmero de embajadores sin cartera que pululan en la Cancillería.

Aquí si es dable recordar el cuerpo diplomático y las sedes que tenía el régimen de Trujillo, en donde los diplomáticos sobresalían en los respectivos países en que desempeñaban sus cargos. Debemos recordar un Héctor García Godoy, Porfirio Herrera Báez, Virgilio Díaz Ordóñez, Tulio M. Cestero, Osvaldo Bazil, Carlos Sánchez y Sánchez, Ambrosio Alvarez Aybar, Armando Oscar Pacheco, Manuel De Moya Alonso, Enrique de Marchena, Horacio Vicioso Soto, Minerva Bernardino, Federico Henríquez y Carvajal, Manuel Arturo Peña Batlle, Telésforo Calderón, Joaquín Balaguer, Carlos Pérez y Pérez, Eduardo Read Barreras, Rafael Nadal Rincón, José Antonio Bonilla Atiles, Fabio Herrera, Arturo Logroño, Arturo Despradel y otros que escapan a la memoria y por lo sucinto de esta entrega.

Si en algo se parece un gobierno a un circo, es por los malabares que realiza, y sino qué les parece los nombramientos de personalidades de la farándula que, en lugar de prestigiar al gobierno, más bien es objeto de burlas. Estas personas, sin desmedro de las actividades que realizan, en las cuales tienen muchos méritos, no deberían prestarse a ser utilizados como «tontos útiles». Asimismo, se acaban de otorgar pensiones de RD$40,000.00 a reconocidos artistas por el aparente hecho de haber cumplido 65 años, sin tomar en cuenta que muchos de ellos son millonarios. De ser así, todos aquellos que tengan esa edad, aunque no hayan servido en la administración pública, tienen derecho a solicitar la suya. Entendemos, que si estos artistas, muchos de ellos que cobran elevadas sumas por sus cuadros, respetaran a su público, deberían renunciar, sino públicamente al menos en privado, ya que existen cientos de dominicanos que sí necesitan una pensión, pero que no se les otorga por su condición de personas de origen humilde y que no impactan en una campaña presidencial.

Los funcionarios públicos que han hecho donaciones de recursos provenientes del erario, no deberían exhibirse como si en realidad fueran de su peculio personal. Repartir con fanfarria a personas que perdieron familiares, viviendas, enseres, vehículos o cosechas durante estos dos últimos fenómenos atmosféricos, es burlarse de la desgracia ajena. Debería existir una ley que prohíba la infamante frase: «por expresa disposición de…», ya que se sobrentiende que si usted desempeña un cargo público es para cumplir con el deber al cual se comprometió y le pagan por ello, todo esto sin tener que esperar disposición alguna para accionar. Pero en la viña del señor ya la adulación y lagotería son atributos en lugar de ser causa de oprobio. Pero, afortunadamente quedan todavía personas que le dan valor a los principios éticos seguidores de los rectilíneos: El maestro Federico Henríquez y Carvajal, Enrique Apolinar Henríquez y el profesor Juan Bosch.