POR IVÁN SANTANA
SAN PEDRO DE MACORÍS.— La Cámara Penal de la Corte de Apelación de aquí dispuso que sean enjuiciados y enviados a prisión preventiva los cinco acusados de violar y abusar a trece menores en el Hogar de Niños San Francisco Javier, de San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia.  El nuevo proceso se conocerá en los tribunales de Higüey, según la sentencia.

De acuerdo con la sentencia serán enjuiciados el sacerdote Cirilo Antonio Núñez Carpio, el diácono Rigoberto de Jesús González, su esposa Margarita Gardin de González, Rosa Elena Mota, empleada, y el también diácono Ramón Antonio Betances de Jesús.

Asimismo, la Corte dispuso que se haga instrucción suplementaria en el caso del agente policial Henry Concepción Santana, quien era vigilante en el hogar de niños. La señora Gardin de González está fuera del país.

La sentencia de la Corte de Apelación de este departamento judicial revoca la que fue dictada el 7 de julio por el juez de la Instrucción de La Altagracia, Ramón Sánchez Carpio.

Dos de los implicados en este caso, Yoel Pérez José y Eliseo Colón, murieron en un incendio, en la cárcel de Higüey, el 7 de marzo pasado durante un motín e incendio.

El pasado 6 de julio, el juez Ramón Emilio Sánchez Carpio, liquidador del Juzgado de la Instrucción de La Altagracia, exculpó con un no ha lugar al sacerdote Cirilo Núñez y el ex sacerdote Ramón Antonio Betances, mientras que fueron enviados a un tribunal correccional el diácono Rigoberto de Jesús Padial, administrador; Alejandro del Rosario Divinson, subadministrador, y Rosa Elena Mota. Por este caso están también en prisión, Johanny Álvarez y la haitiana Genise Nouseni, empleadas del albergue.

El grupo está acusado de violar el artículo 345 de la ley 14-94 de Protección a los menores. Las violaciones se habrían cometido entre los años 2002 y 2004.

Al día siguiente la sentencia fue apelada por los fiscales.

Días después, el 11 de julio, Bienvenida Féliz y Pascuala Rodríguez, dos de las madres de las niñas que se alega fueron violadas en el albergue se quejaron de que el juez Sánchez Carpio no reconoció su condición de representantes de las víctimas.

Ese día, la fiscal de niños, niñas y adolescentes, Marisol Altagracia Tobal, consideró la sentencia una “monstruosidad” la sentencia del juez Sánchez Carpio.

“Este juez dictó un acto de no ha lugar a favor de dos de los sacerdotes, el padre Betances y el padre Cirilo, y retuvo una falta de un delito con relación al diácono Rigoberto, que tan sólo lleva una sanción pecuniaria (una multa), pero no lleva prisión”, destacó Tobal.

Indicó que el diácono González Padial, fundador y director del albergue, intentó irse del país por el aeropuerto de Santiago, disfrazado de sacerdote, para violar una sentencia que le impedía abandonar el territorio nacional.

El pasado 20 de julio la Suprema Corte de Justicia suspendió al juez Sánchez Carpio.