Dispuesto a dejar la Cámara aunque defiende permanecer

<p>Dispuesto a dejar la Cámara aunque defiende permanecer</p>

POR LLENNIS JIMÉNEZ
El doctor Máximo Castillo Salas dijo ayer que está preparado para dejar la presidencia de la Cámara de Cuentas a más tardar el próximo miércoles, aunque entiende que el mandato de los actuales jueces concluye el 25 de mayo de 2008, pero es “consciente” de que el gobierno quiere cambiarlos para satisfacer presiones políticas.

«Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido», declaró el magistrado, quien dijo ser víctima de la política grupal, de la creciente debilidad institucional y de haberse transformado el organismo.

Al ofrecer una entrevista de despedida, horas después que el presidente Leonel Fernández enviara nueve ternas al Senado para sustituir a los nueve jueces de la Cámara de Cuentas, Castillo Salas manifestó que estaba preparado para recibir en cualquier momento la decisión del gobierno de cambiar a los magistrados que ejercen la función del Tribunal Superior Administrativo.

Dijo que le deja al pueblo una Cámara de Cuentas “totalmente adecentada, fortalecida”, adecuada para combatir la corrupción administrativa y para realizar la labor de fiscalización que requiere el país.

El abogado con grado de notario público fue seleccionado en el cargo en 2002 y ratificado por el Congreso en el 2004, pero rechaza la posición de que su período venciera alegando que cumplieron dos años que les correspondían a los anteriores jueces.

No obstante dijo que harán entrega de sus funciones sin contratiempos tan pronto sean electos los nuevos miembros, y que dejarán en la caja de la Cámara de Cuentas más de RD$15 millones, sin deuda.

Expresó que para los pocos recursos que maneja esa entidad, de apenas 0.3% del Presupuesto Nacional, lo considera una muestra fehaciente de transparencia.

Castillo Salas opinó que el presidente Fernández podría no estar interesado en provocar esta situación, pero «puede ser que él haya obedecido a la presión de grupos dentro de su partido -PLD-«.

Les recordó al Presidente de la República y a los legisladores, que son inquilinos en sus funciones igual que él y que, bajo ningunas circunstancias pueden pretender que los cargos que ocupan son permanentes y que el pueblo, que es el soberano, es el que quita y pone reyes.

Empero, confesó no tener ánimo de luchar con el Poder Ejecutivo y, por el contrario, dijo tener las maletas preparadas para abandonar el cargo sin objeción, ya que su papel es «pasarles la bola a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas para que asuman el compromiso de ello, de elevar el organismo en la fiscalización de los recursos públicos».

El magistrado indicó que la Cámara de Cuentas acaba de concluir un programa de modernización, que la ha situado dentro de las instituciones se encuentran más adecuadas para desarrollar el trabajo de fiscalización y control eficiente.

A manera de rendición de cuentas, expresó que en el año 2002, cuando ingresaron a la institución, apenas encontraron 60 auditores sin la adecuada preparación ni adiestramiento, y el organismo estaba ubicado en dos habitaciones del edificio que alojaba las oficinas de la Dirección General de Impuestos Internos, en la avenida México con Jacinto de la Concha. La remodelación del edificio costó menos de RD$25 millones con fondos del Presupuesto.

Señaló que en este momento los más de 300 auditores del organismo  están especializados en distintas áreas, por lo que quiere sean preservados.

La entidad, de acuerdo a su actual presidente, dispone de más de 700 empleados, entre personal administrativo y los auditores, estos últimos son especializados por áreas, para el arqueo de gestión, ambiental, gubernamental, informático, así como la auditoría integral, de obras públicas.

Defendió la labor de la gama de profesionales multidisciplinarios contratados en grupos de ingenieros, abogados, contadores, economistas y hasta médicos, dejando atrás la vieja practica de sólo operar con contadores, en función de la técnica que emplean las naciones desarrolladas.

A horas de salir de la función pública, Castillo Salas dice haber aprendido a enamorarse de la contabilidad y hasta del periodismo. No contempla ejercer la política, sino mirar hacia su profesión.

 

SOBREPASARON METAS

Castillo Salas no precisó la cantidad de auditorías que «dejan la cancha caliente», ni las que evidenciaban acciones de corrupción en la administración pública, pero declaró que rompieron records en cuanto al número de auditorías realizadas, al practicar más de 170 auditorías.

«Hoy, esta institución no solo ha preparado su personal y lo ha aumentado, sino que le ha dado también a la entidad una proyección internacional, al extremo de que preside la Organización Centroamericana y del Caribe (OCC), de entidades fiscalizadoras, y es parte de los países que componen la directiva de la Organización Latinoamericana y del Caribe, de entidades fiscalizadoras superiores (OLACE)».

Señaló que al nivel local, la Cámara de Cuentas tiene una diferencia del cielo a la tierra, con relación a lo que recibieron y a lo que le está legando al pueblo dominicano.

Manifestó que la modernidad a que fue sometida la Cámara de Cuentas fue para que pudiera responder al problema fundamental que tiene la República Dominicana por la falta de planificación para el establecimiento de obras, de bienes y de servicios, y la corrupción.

Sostuvo que la corrupción administrativa está seguida de un flagelo permanente de impunidad.

Castillo Salas dijo que recientemente firmaron un convenio de cooperación recíproca con el ministerio de auditoría y Corea, lo mismo que con Chile, Colombia, Puerto Rico y Cuba, con la finalidad de nutrir el ejercicio de sus auditores.

Mencionó que producto de un convenio que firmó el Estado dominicano con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se concluyó un proceso de modernización, del que ahora ven los frutos y que la coloca muy distante de la Cámara de Cuentas que nació el 22 de mayo del año 1954.

Precisó que puede decir con toda propiedad que el proceso iniciado hace cuatro años y unos meses, es un legado para que el control se haga de manera más eficiente y que los recursos públicos puedan tener un destino más adecuado, en provecho de la sociedad.

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