POR CLAUDIO CABRERA
No existen claros criterios vinculantes entre las partes sobre cuál debe ser el camino a seguir en momentos en que se abren las puertas para el libre comercio y el país precisa una reforma fiscal para lograrlo, lo que muestra la debilidad que enmarca al futuro dominicano. 

Para muchos, los altercados suscitados a propósito de la confección del proyecto de reforma fiscal entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, es el resultado de una confrontación de intereses con gran sedimento político, como suele ocurrir siempre que se trate de definir el porvenir de los ingresos inmediatos del Estado.

Pero para otros, el problema encierra una interrogante mucho más profunda concerniente al presente de la economía dominicana. Se trata de definir cuáles son los perfiles que sus principales actores procuran dar al país para modelar el futuro de la democracia dominicana.

Si en algo está aleccionando la actual diferencia de criterios que se ventila entre el Congreso y la oposición por un lado, y las autoridades por el otro, es que tras haber recorrido un cierto trecho, el país aún no cuenta con un plan indicativo de desarrollo nacional que guíe el camino de los dominicanos.

Al umbral de concretar su despegue al acuerdo para el libre comercio regional conocido como RD-Cafta, República Dominicana puede permanecer fuera de borda por muchos años, mientras los países de la región levan anclas para lanzarse al proyecto de apertura comercial que moldeará el futuro de las naciones comprometidas.

Aunque sectores empresariales aseguran que la efectiva ejecución del acuerdo RD-Cafta ha sido pospuesta hasta fines de abril del año próximo, los Estados Unidos ha estado solicitando cuál es el estado actual de los arreglos fiscales, institucionales y de orden económico en general, que han efectuado los países comprometidos para iniciar la cuenta regresiva hasta el cuarto mes del 2006.

La existencia de un plan indicativo que paute las metas para el desarrollo y crecimiento económico en el corto y mediano plazos, debe ser el resultado de un consenso entre los actores políticos, empresariales y el sector público, para que el país pueda disponer de un mínimo de seguridad en el cual asentar su próximo horizonte y despejar incertidumbres.

 ¿País sin objetivos?

Al encarar el desarrollo de la reciente disputa Congreso-gobierno acerca de los puntos de vista encontrados en torno a la legislación para confeccionar la nueva reforma fiscal, sectores empresariales han resaltado la necesidad de que para el futuro pueda contarse con una agenda mínima de puntos alrededor de los cuales políticos, congresistas y representantes oficiales puedan ir discutiendo aspectos vinculados a la economía, el fisco, los cambios institucionales, el libre comercio y el medio ambiente, entre otros temas.

Las controversias generadas a propósito de la puesta en marcha del proceso de reforma fiscal en que se han empeñado las autoridades del gobierno lograron unificar algunos criterios alrededor del tema hacia el final de varios meses de discusiones, a pesar de lo cual dicho consenso se quebró al adentrarse las discusiones en la recta final, cuando ya el país creía superados los escollos para un entendimiento.

La presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), licenciada Elena Viyella, deploró que hacia el último tramo los acuerdos arribados quedasen truncados por diferencias en torno a cuáles realmente son las prioridades del país, de cara a un nuevo programa fiscal y ante el ineludible compromiso de vincular a la República Dominicana al RD-Cafta.

Resulta verdaderamente “decepcionante”, porque, al parecer, hemos vuelto al punto de origen en que advertíamos sobre no grabar la producción desde el principio.

En este mismo tenor, la presidenta de la Asociación de Industrias de la República (AIRD), licenciada Yandra Portela, dijo sentirse decepcionada, en vista de que todos los actuantes en las diferentes rondas de negociaciones habían acordado no gravar más desde el origen a la producción de bienes, habidas cuentas que esto produce distorsiones que afectan la competitividad del país ante las facilidades con que cuentan los productores centroamericanos.

AIRD junto al Conep y otras entidades adscritas al organismo cúpula del empresariado insistieron en el transcurso de los meses de discusiones, porque los productores industriales y del campo en el país contasen con una buena sombrilla en materia de costos que les permitiese lanzarse en buena lid frente a los demás competidores del RD-Cafta.

El punto de desacuerdo originalmente, que hizo al Congreso variar su postura de apoyar el consenso inicialmente arribado, lo fue la aplicación del ITBIS a las ventas de café, cacao, azúcar y aceites comestibles.

Pero los congresistas estimaron como inflacionario su aplicación y prefirieron consignarle impuestos al consumo de gasoil, lo cual afecta a productores del campo y la ciudad, al transporte de mercancías y empresas de servicios que lo utilizan como insumo.

“Sin claros objetivos indicativos del desarrollo nacional el país no podrá nunca encaminarse hacia metas definidas que permitan un mínimo de acuerdos mancomunados”, expresa el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), doctor Francisco Castillo.

 Puja por la competitividad

Desde el momento mismo en que el país se embarcó en el proceso de discusión con los Estados Unidos y naciones de Centroamérica, con miras a confeccionar el esquema de libre comercio triangular conocido, entre otras siglas, como el RD-Cafta, todos los representantes del sector productivo del país se mostraron interesados en las profundidades del tema.

Tradicionalmente, la República Dominicana ha carecido de fuerza para competir en determinadas áreas, tomando en cuenta los parámetros de productores de otras naciones que cuentan con facilidades para realizar la producción, tanto en el sector rural como en la industria.

Partiendo de esta realidad fue que hace nueve meses la AIRD expuso sus puntos de vista acerca de los alcances de una nueva reforma fiscal, con miras a trazar las pautas para discutir un proyecto que por su profundidad habría de tener amplias repercusiones en la producción nacional.

Este documento, denominado “Por una Equidad Fiscal, Propuestas del Sector Industrial”, fue confeccionado para ser presentado el 6 de abril de este año como parte de la tercera consulta de la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas del Senado de la República sobre el RD-Cafta.

Entre las justificaciones esgrimidas por los industriales dominicanos ante los congresistas se planteaba la alta vulnerabilidad a que se exponía la industria criolla, con una súbita apertura a operar vía la desgravación arancelaria por las aduanas dominicanas, lo cual hacía correr el riesgo de que el país fuese inundado de mercancías traídas del exterior elaboradas a más bajo costo.

Al sostener las razones de por qué se debe apoyar al sector industrial nativo, se establece que, entre otras razones, esta área aporta más de 400,000 empleos directos en el sector formal.

También se destacaba el hecho de que las industrias aportan un crecimiento significativo de más de un 40% en el transcurso de la última década, no obstante que el país ha sufrido una contracción de un 4% a lo largo de los últimos dos años.

Debido al alto componente en valor agregado de sus productos, el sector genera y ahorra divisas al país, en tanto es el mayor contribuyente a las arcas estatales a través del sistema fiscal.

Aunque la AIRD acogía con buena disposición el acuerdo de libre comercio, estimaba previamente necesario acoger primero un proyecto destinado a elevar la capacidad competitiva de la industria nacional “porque es vital para el sector productivo garantizar que una vez entre el RD-Cafta existan las condiciones de igualdad, para sacarle provecho al mismo”.

Al mismo tiempo, el estudio de la AIRD advertía que para poder atraer mayores inversiones al país se requería “contar con la garantía de igualdad de condiciones con los países firmantes”.

Entre otras solicitudes extendidas a los congresistas y al gobierno, pedía este sector la eliminación de la comisión cambiaria y aplicar un arancel a los bienes de capital y las materias primas del “cero por ciento” y de un 3%, respectivamente.

Además, permitir la compensación del IVSS, establecer una depreciación acelerada para los bienes de capital, aplicar un procedimiento ágil para compensar por el pago anticipado del ITBIS, eliminar la factura consular, aplicar el por ciento deducible en reparaciones y mejoras en las industrias y en toda la producción, así como aplicar una legislación complementaria para la industria farmacéutica.

Aunque la aprobación de la reforma fiscal se logró tomando los niveles de ingresos previstos por el Estado, los industriales han observado que esta decisión congresional tendrá el efecto negativo de seguir afectando sus costos productivos.